En junio de 2015 los representantes de plataformas ciudadanas y confluencias de partidos de izquierda se instalaban en los consistorios de hasta ocho grandes capitales del país. Los Ayuntamientos del Cambio conquistaron un poder local equivalente a casi siete millones de españoles. En sus programas, un buen puñado de medidas comunes centradas en la lucha contra los desahucios, la auditoría de la deuda, el aumento del gasto social y la atención al medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Repasamos algunas de ellas a dos años vistas y después de los balances más o menos triunfalistas de estos consistorios durante las últimas semanas.
Madrid, limpieza, deuda y remunicipalización
El programa de Ahora Madrid, con Manuela Carmena a la cabeza, proponía auditar y reestructurar la deuda de la capital, muy abultada tras la gestión de Ana Botella. En estos dos años el Ayuntamiento se ha afanado más en el pago que en la reestructuración y auditoría, puesto que ha amortizado más de 1.800 millones, de los más de 7.000 heredados.
“Desde Ahora Madrid creemos que los pasos necesarios para recuperar la ciudad para sus habitantes comienzan por la auditoría de la gravosa deuda municipal que lastra cualquier proyecto ciudadano”, se lee en el programa, que apostaba por “una auditoría ciudadana de la deuda municipal bajo control técnico y social”.
La parte “social” y de participación municipal en este ajuste de cuentas con el PP no se ha mantenido, y fue el propio consistorio el que presentó una auditoría que señalaba la mala gestión del pasado pero ningún mecanismo para revertirlo (más allá de denuncias por contratos aún vigentes como en el caso de Calle 30).
“Elaboración de una hoja de ruta para la remunicipalización de los servicios públicos” ha sido uno de los epígrafes que más quebraderos ha dado a Carmena. Su equipo no ha logrado revertir los grandes conciertos en servicios como la limpieza y tiró la toalla al enfrentarse a los gravosos contratos de permanencia con las grandes empresas como FCC, OHL o Ferrovial.
Este mismo sábado, Carmena ha reconocido que los macrocontratos de Botella “habían quitado muchos barrenderos”, y admitió que la capital “no está todo lo limpio que debería”. Aunque cada vez va a estarlo más, afirmó Carmena, para lo que pidió la colaboración ciudadana
En cuanto a uno de los temas más sensibles, los desahucios, la realidad es que Carmena no ha podido erradicarlos: los datos del Consejo General del Poder Judicial en la Comunidad de Madrid hubo más de 4.000 ejecuciones hipotecarias, aunque no hay desglose por municipios.
La PAH denunciaba recientemente que solo en Vallecas se han producido nueve en los dos últimos meses, y atacaba a Carmena de “poca voluntad por enfrentarse a los bancos y a los propietarios que son los que tienen que dar los alquileres sociales y parar los desahucios».
Turismo y altos alquileres en Barcelona
El equipo de Barcelona en Comú, por su parte, lucha contracorriente en su promesa de hacer de Barcelona una ciudad para sus vecinos y regular el turismo y facilitar el acceso a la vivienda. Aunque Colau ha aprobado leyes de consenso con el resto de grupos del consistorio, incluso con la antigua Convergència para el caso de la construcción de viviendas públicas, la burbuja del alquiler sigue inflándose y el Ayuntamiento se ve sin herramientas para detener el fenómeno.
Por el momento, no ha logrado que el Gobierno reforme la ley del alquiler y que el precio de las rentas pueda topar con un límite. También persigue que los periodos legales de los contratos se alarguen para que los vecinos no se sigan viendo obligados a abandonar sus viviendas en el centro urbano, copado por los alquileres turísticos.
«Decir que el ayuntamiento no ha hecho nada sería mentir; decir que lo ha solucionado todo, también. La atención a los desahuciados ha mejorado infinitamente. Pero el censo de viviendas vacías sigue pendiente y el gobierno ha impuesto cuatro multas a grandes tenedores por mantener pisos vacíos, cuando nosotros creemos que debería haber impuesto 3.000», afirma Carlos Macías, sucesor de Colau como portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en declaraciones recogidas por El Periódico.
Valencia, el Gobierno de La Nau y la oposición imputada
La coalición en el Ayuntamiento valenciano de Compromís, PSOE y València en Comú (conocido como el Gobierno de La Nau), avanza lento pero inexorable entre sus compromisos con una facilidad añadida frente al resto de ciudades: en el principal partido de la oposición, el PP, nueve de sus diez miembros están imputados por blanqueo de capitales, por lo que su legitimidad cojea ante cada polémica frente al equipo de Joan Ribó.
No obstante, PP y Ciudadanos le acusan de baja ejecución presupuestaria. En estos dos años, Ribó ha debido renunciar a su promesa de regular los horarios comerciales en domingo y festivos.
También flaquea la investigación del propio consistorio sobre la corrupción por los gastos desmedidos e injustificados del PP durante el mandato de Rita Barberá , conocido como Ritaleaks.
Cádiz o las contradicciones en el poder
Los ocho ediles de Por Cádiz Sí se Puede se han visto obligados a postergar algunas de sus mejores promesas a una de las capitales más castigadas por el desempleo de todo el país. El plan estratégico de empleo ha sido aplazado y la obra pública ha caído hasta mínimos históricos. Más allá de los compromisos, en Cádiz se han impuesto temas de urgencia a las promesas, y el equipo de María González ‘Kichi’ ha tenido que centrar todos sus esfuerzos en evitar la quiebra de las cuentas locales y cumplir con Cristóbal Montoro en el pago de la deuda.
