La organización internacional por los derechos de mujeres y niñas Women’s Link Worldwide informaba ayer que las once internas que permanecen en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras “están siendo discriminadas por ser mujeres”. Explican que “todos los hombres internos han sido trasladados a otros centros debido al mal estado del edificio, una vieja y deteriorada prisión”.
Contrastar la versión de la plataforma con las autoridades competentes es imposible: la ley del silencio impera en el Ministerio del Interior y Policía Nacional, tanto a nivel central como en Andalucía y provincia de Cádiz. Aunque la ONG denuncia problemas de frío, humedades, falta de luz natural y de atención a sus necesidades, ni Interior ni Policía confirman ni desmienten el número de internos que permanecen en el centro; tampoco si los internos hombres han sido trasladados a otros centros y por qué motivos.
Mientras los responsables de la institución se pasan la palabra mutuamente ante las preguntas de ElBoletin.com, Women’s Link explica que en una visita al centro se pudo constatar las quejas de las mujeres internas por la humedad y el frío del edificio. “No hay espacio suficiente para hacer ejercicio al aire libre y apenas entra luz natural. Cuando las mujeres solicitan una compresa o tampones los policías se los dan un día más tarde”, sostiene Patricia Orejudo, abogada de Women’s Link.
Añade que “por la noche las encierran con cerrojo en una celda que no puede abrirse de forma automática en caso de que se produzca, por ejemplo, un incendio”. La asociación por los derechos de mujeres y niñas en todo el mundo considera que las internas que permanecen en el CIE de Algeciras permanecen allí “precisamente por ser mujeres”. La organización ha presentado varias quejas ante la juez de control del CIE y ante la Defensora del Pueblo por la situación degradante que viven las mujeres internas en lo que describen como “una antigua prisión con instalaciones obsoletas y deterioradas y en un estado pésimo de conservación”.
No en vano la juez de control de este centro y el de Tarifa emitió hace menos de un mes un auto para requerir a los directores de ambos centros y al Ministerio de Interior “medidas urgentes” sobre los internos y sus condiciones. Entre ellas, realización de pruebas para detección de enfermedades, la supresión de rejas en las habitaciones y la remisión de los partes de lesiones directamente desde el servicio médico a la autoridad judicial.
La juez también pedía suprimir las habitaciones con más de tres internos, así como la instalación en cada una de ellas de ducha, servicio con retrete, cisterna y lavabo, así como pared o una puerta que cubra todo el cuerpo del interno. Así hasta un total de 31 medidas urgentes.
De condiciones “inhumanas” al “CIE del siglo XXI”
Coincidiendo con el auto de la magistrada el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, anunció la construcción de un nuevo CIE en Algeciras que “será un referente en Europa”. Firmó con el alcalde de Algeciras la cesión de una superficie de 10.000 metros cuadrados propiedad del Ayuntamiento para levantar un centro en el que se invertirán 20 millones de euros y que podría empezar a edificarse en 2018.
Según Nieto, el nuevo centro para retener a las personas que alcanzan suelo español de forma irregular será “el primer CIE del siglo XXI” y “dignificará a los internos, policías y funcionarios”. Puede que sea entonces cuando Interior y Policía Nacional aboguen por informar con transparencia sobre estos polémicos centros, cuya. Por el momento es imposible confirmar ningún dato sobre unos centros públicos y gestionados con el dinero de todos, como han puesto de manifiesto multitud de ONGs, colectivos, jueces y expertos en Derecho Penal, el Consejo de Europa y hasta los propios policías.
