El Ayuntamiento de Barcelona prevé denunciar al Ministerio del Interior, después de que no haya dado ningún paso para cerrar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, pese a que el Consistorio, presidido por Ada Colau, emitió una orden de precinto hace dos meses.
Fuentes municipales han explicado a Europa Press que prevén presentar una denuncia en la Audiencia Nacional después de agotar la vía administrativa, en un plazo de pocas semanas, durante las que el Ayuntamiento enviará una notificación, esperará respuesta y transcurrirá un periodo de alegaciones, entre otros pasos.
El Ayuntamiento emitió una orden de precinto el 29 de marzo y avisó de que, si en un plazo de dos meses el centro no cerraba, llevaría al Ministerio a la Audiencia Nacional, que decidirá “si prevale el derecho urbanístico o el derecho del Ministerio a tener un equipamiento donde quiera y sin licencia”, según las mismas fuentes.
El consistorio ordenó el cese de actividad del CIE en julio por no contar con una licencia de actividad adecuada y no cumplir con normas de seguridad, pero el centro reabrió el día siguiente, después de ocho meses cerrado por obras de reforma.
Fuentes de la Policía Nacional han defendido también en declaraciones que el centro ha seguido con su “curso y funcionamiento normal”, porque no se siente interpelado por la orden de precinto del Ayuntamiento, ya que aseguran que no tiene la competencia.
Sostienen que el consistorio no cuenta con la “facultad legal” para ordenar el precinto del centro, que sí cerraría si así lo decidiera un juez, porque la Policía Nacional siempre cumple con las decisiones judiciales, han señalado las mismas fuentes.
