Los escándalos de Moix, el fiscal favorito de los corruptos

Panamá

Los escándalos de Moix, el fiscal favorito de los corruptos

Las actuaciones para evitar investigaciones al PP y la offshore panameña no han sido los únicos hitos del fiscal jefe Anticorrupción caído.

    Manuel Moix junto a Ignacio González

    Manuel Moix aterrizó en la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de febrero. En apenas cuatro meses el anterior fiscal del Tribunal Supremo ha revuelto las aguas del departamento que hoy abandona, generó una rebelión de sus subordinados y jugó con los límites de las connivencias político – judiciales en torno al PP, según el sumario del caso Lezo. Todo ello antes de que la información de que posee el 25% de una sociedad radicada en Panamá para ocultar al fisco un chalé familiar en Majadahonda haya dado la estocada a su carrera ascendente en la élite judicial. No obstante, Moix no abandona la cúpula y volverá a su puesto anterior, en la fiscalía del TS.

    El mayor golpe a su integridad en la fiscalía que lucha contra los corruptos fue que uno de ellos le alabara: su nombre en las conversaciones entre el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y Eduardo Zaplana. Ambos políticos del PP confiaban, hace un año, en que el nuevo titular de Anticorrupción acabara con sus futuros problemas por la justicia. Los mismos problemas que ahora mantienen a González en la cárcel junto a su hermano en el marco de Lezo por liderar una trama corrupta en el Canal de Isabel II.

    «Yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción, ¿sabes? Y… yo creo que va a ser él, si sale es cojonudo», explicaba González sobre un nombramiento que en su opinión sería “cojonudo”. «Te digo yo a ti, que yo ya lo intenté en su día, pero no tenía no sé qué requisito. Él era el jefe fiscal de Madrid, que es un tío… bueno… se llama Moix, es un tío serio y bueno», afirmaba el expresidente al que fuese ministro de Aznar.

    Pero antes, el terremoto ya acechaba a Moix al conocerse que trató de evitar ciertos registros y detenciones en el marco de Lezo. Un día antes de las detenciones más sonadas, trató de apartar a los fiscales que conducían el caso de corrupción del PP madrileño. El decreto de Moix derivó en una rebelión interna de los fiscales a su cargo, que hicieron uso de un mecanismo previsto en al Estatuto Fiscal para imponer la visión mayoritaria frente a las pretensiones de Moix de impedir las diligencias contra Ignacio González y su hermano, entre otros.

    También hubo “chivatazos”: los que alertaron al exnúmero dos de Esperanza Aguirre de que estaba siendo investigado y que hicieron que el investigado cambiara su forma de actuar tras ser alertado por algún miembro del Gobierno de mariano Rajoy, que conocía las investigaciones.

    Dentro del mismo caso se supo que en 2009 Moix tapó, desde la fiscalía de Madrid, el archivo de una denuncia por la adjudicación del campo de golf en Chamberí a Pablo González de parte de su propio hermano. Según dio a conocer InfoLibre, “decretó el archivo de una denuncia en la que figuraban todos los datos de las empresas relacionadas con la trama, asegurando que no existía ni “indicio”, ni “rastro” ni “la más leve sospecha” de irregularidad por parte de Ignacio González, en una causa ahora abierta.

    Paralelamente a las sospechas por su celo profesional, Moix ha sido reprobado en el Congreso de los Diputados por el total de la oposición parlamentaria. Solo el PP se mantuvo al otro lado en la sesión en la que la mayoría del legislativo dio la espalda al Ministro de Justicia, Rafael Catalá, y al fiscal general José Manuel Maza, además de a Moix. No obstante, el apoyo de Mariano Rajoy no ha flaqueado, y el Ejecutivo del PP ha defendido al exfiscal hasta apenas 24 horas antes de su dimisión, cuando dejó en manos de Maza el futuro de Moix.

    Más movimientos hacia la defensa del PP: hoy mismo, El Mundo publica una entrevista en la que el propio fiscal defiende que la UCO se extralimitó en sus funciones al redactar los dos informes sobre la posible prevaricación y cohecho de Cristina Cifuentes. «Cada uno tiene que jugar su papel. Podemos confundir los roles y parece que quien al final decide la calificación jurídica y la imputación de una persona es la Policía».

    Aguirre, Elpidio Silva, Madrid Arena

    Las curvas en la carrera de Moix no se limitan al último trimestre. En uno de sus primeros destinos de relevancia, en el TSJM, hubo de liderar la investigación sobre Rodrigo Rato y ordenó su detención, en contra del criterio de Anticorrupción, que más tarde se hizo con el caso.

    Desde esa sala, sin embargo, dictaminó que el incidente de tráfico de Esperanza Aguirre no fue un delito sino una falta, lo que puso su nombre en el candelero y le enfrentó con la Audiencia provincial de Madrid, que optaba por investigar los hechos por la vía delictiva ya que Aguirre desobedeció a la autoridad.

    Su posición cuando cayó en sus manos el triste caso del Madrid Arena fue la de negarse a imputar al jefe de la Policía Municipal de Madrid. Emilio Monteagudo fue finalmente juzgado, pero absuelto en el caso que investigaba la muerte de cinco adolescentes por la avalancha humana en una fiesta de Halloween en el pabellón de la capital.

    En esa misma etapa fue el artífice de la inhabilitación del juez Elpidio Silva, después de que éste ordenara la entrada en prisión del expresidente de caja Madrid Miguel Blesa. Silva salió del proceso con una pena de 17 años de inhabilitación.

    Desde la sala superior de Madrid pasó al Supremo hace dos años, donde ha permanecido hasta su nombramiento como titular de Anticorrupción, cargo del que hoy dimite “por motivos personales” y sin que el fiscal general haya mencionado responsabilidad por ninguno de los escándalos aquí relatados.

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