El exdirector general del Planificación y Control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Teófilo Sogorb ha asegurado este miércoles que él nunca dio el visto bueno a las cuentas que presentó la caja relativas al primer semestre de 2011 y que reflejaban 65 millones de euros de beneficios en vez de las pérdidas de 1.136 millones de euros afloradas después.
Según recoge la agencia Europa Press, Sogorb ha insistido en su declaración como investigado ante la Audiencia Nacional en que la acusación que formula el Ministerio Fiscal contra la excúpula de la caja alicantina de falsear las cuentas en 2011 no es real porque éstas no estaban reformuladas y por tanto no eran estados intermedios.
El Ministerio Fiscal mantiene que Sogorb, que se enfrenta a una pena de cárcel de siete años y medio, y los otros siete encausados impulsaron un mecanismo en 2010 y 2011 para incrementar de forma ficticia los beneficios de la entidad reclasificando como normales créditos dudosos y fallidos y contabilizando incorrectamente la titulización de activos.
Dicha manipulación llevó, según el fiscal, a presentar unas cuentas provisionales que arrojaban unos beneficios de 65,35 millones de euros, pese a que las cuentas finales presentadas por administradores nombrados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) recogían a fecha de junio de 2011 unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
Preguntado por esta cuestión, Sogorb ha precisado que el Banco de España dio luz verde a la petición de la caja remitida al exdirector general de Regulación del supervisor José María Roldán en la que solicitaba que las cuentas anuales de 2010 se establecieran con criterios consolidados y que los activos y pasivos se llevaran a resultados.
La respuesta a la petición fue positiva, permitiéndoles ajustar contra reservas las plusvalías generadas con la única condición de que el consejo de administración tanto de la CAM como de las otras cuatro cajas que iban a integrar el Sistema Institucional de Protección (SIP) para crear el Banco Base, aprobaran esta “singularidad”.
En relación a las “remuneraciones adicionales” que, según la Fiscalía, cobraron los ocho acusados en concepto de planes de pensiones, incentivos anuales, bonus e indemnizaciones cuando la situación de la caja era “crítica”, Sogorb ha reconocido que él dio luz verde para que los directivos cobraran los incentivos aplazados dado que la dirección general de Recursos le permitió la operación porque estaban en un SIP y los criterios “habían cambiado notablemente”.
