Los exdirectivos que formaban parte de la cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) han solicitado durante la primera vista oral del juicio que acoge la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades cometidas entre 2010 y 2011, que se excluya a las acusaciones particulares afectadas por la compra de cuotas participativas.
En esta primera sesión dedicada a las cuestiones previas, los letrados de los acusados han argumentado que se creó una pieza separada sobre la venta de participativas en 2007 quedando archivada provisionalmente el año pasado, por lo que no ven cabida su inclusión en este proceso que sienta en el banquillo de los acusados a ocho altos cargos de la excúpula de la caja quebrada por falsificar presuntamente las cuentas anuales de los ejercicios 2010 y 2011.
Según publica la agencia Europa Press, la solicitud de excluir del proceso a las acusaciones ejercidas por el abogado Diego de Ramón y por el particular Cristóbal Pons, ha sido formulada por el letrado del exdirector general Roberto López Abad, y se han adherido las defensas de los acusados Francisco José Martínez García (Inversiones y Riesgos), Juan Luis Sabater (Financiación y Gestión de Liquidez) y Salvador Ochoa (Información Financiera) además del Banco Sabadell, en calidad de responsable civil subsidiario.
La Fiscalía, que concluye que la CAM desembolsó indebidamente algo más de 20 millones de euros, pide para siete de los ocho acusados penas que van desde los diez meses de prisión hasta los siete años y medio si bien la acusación popular eleva la petición a 16 años de cárcel por los delitos de falsedad en las cuentas, estafa y apropiación indebida.
De Ramón ha justificado su personación en el proceso en el perjuicio causado a los afectados por la compra de las cuotas y se ha referido al expediente disciplinario que abrió en 2012 el Banco de España contra la cúpula de la caja a la que acusa de ser “consciente de una forma muy fría de lo que estaban haciendo”. Por su parte, el fiscal del caso Luis Rodríguez Sol ha expuesto en su turno de palabra que la comercialización de participativas se estudió en una pieza separada y por tanto es un tema “zanjado”.
La Fiscalía acusa a la excúpula de impulsar un mecanismo para incrementar de forma ficticia los beneficios de la entidad en 2010 y también de asegurarse el pago de una serie de complementos retributivos a los que no tenían derecho debido al estado real de las cuentas de la caja que finalmente fue adjudicada al Banco Sabadell por un euro tras recibir una inyección de más de 5.200 millones de euros por el Fondo de Garantías de Depósitos, personada como acusación particular.
