El juez José de la Mata redujo el cerco contra Josefa Aguado, diputada del PP en la Asamblea de Madrid. Hasta en dos ocasiones pidió a la Justicia madrileña que se hiciese cargo de la investigación que se cierne sobre la popular y, finalmente, el guante ha sido recogido. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha aceptado la competencia para abrir las diligencias contra la parlamentaria.
El Alto Tribunal, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, ha hecho suya la causa, después de que el juez De la Mata, instructor del ‘caso Gürtel’, expusiera los indicios para atribuirle tres delitos a Aguado. De esta manera, el TSJM ha decidido asumir la investigación (al ser aforada autonómica) ya abierta sobre la gestión de la popular cuando estaba al frente de la organización de las X Olimpiadas Escolares celebradas en Arganda del Rey en 2007, asunto que estaría vinculado con la trama corrupta.
Y es que la exposición que hizo el juez De la Mata reseñó que para encubrir una serie de contratos a dedo que se dieron a Francisco Correa en ese evento, los investigados “fraccionaron artificialmente, con conocimiento de la persona aforada, el contrato en un expediente y siete contratos menores”. Un troceo que acompañaron de una tramitación urgente “para que solo las empresas del Grupo Correa pudieran tomar parte en el mismo, pactándose para ello entre ambas partes los términos de los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas antes de su publicación”.
Para continuar la investigación, la Sala ha designado como magistrado instructor a Jesús María Santos Vijande. Será este juez quien determinará las personas que, junto a la aforada, deben figurar en esta causa como investigados “por su participación conexa con los hechos imputados”. Es por ello, que la imputación de la parlamentaria estaría cerca de darse. La Fiscalía Anticorrupción también se ha mostrado favorable de citarla como investigada.
Sin embargo, las sospechas son contundentes. En el escrito que realizó la Audiencia Nacional se consideró que la parlamentaria de Cristina Cifuentes hizo una serie de “actos administrativos decisorios objetivamente arbitrarios”. Unos movimientos que De la Mata definió como “esenciales para conseguir la disposición de fondos públicos y el pago de sus facturas al Grupo Correa”. Es por eso que los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y de fraude a la administración están presentes en las diligencias judiciales.
Pese a que el TSJM ha destacado que Aguado no fue autora directamente de las resoluciones administrativas arbitrarias, sí ha apuntado a una contribución importante de Aguado “a que se dictaran esas resoluciones arbitrarias, favorecidas o propiciadas gracias a sus informes favorables al cobro, emitidos después de realizar las comprobaciones necesarias, que supuestamente habrían comprendido la confirmación de que las empresas emisoras de las facturas habían firmado algún contrato administrativo con la sociedad de fomento y que los conceptos incluidos en las facturas se correspondían con el objeto de los contratos”.
Los magistrados madrileños han concluido que aunque la popular “no autorizara ni ordenara directamente el pago de las facturas a las que se refirieron sus informes”, estos tuvieron una gran relevancia en la resolución ordenando el pago. De hecho, “difícilmente se hubiera realizado si, en el ejercicio de las funciones que tenía encomendadas, hubiera informado que las empresas emisoras de las facturas no eran las que habían contratado con la Administración o que los conceptos facturados ya se habían abonado a raíz de otra factura presentada anteriormente”.
Por todo ello, el TSJM ha reprochado que “no puede descartarse que la persona aforada fue consciente de que con su actuación participaba en el dictado de resoluciones arbitrarias”. Algo que se podrá extraer mediante la obligación de “iniciar la investigación penal en relación a ella, permitiendo que ejercite su defensa por su posible participación en los delitos de prevaricación, de fraude a la administración pública y de malversación de caudales públicos sobre los que recaen los indicios señalados en la exposición razonada”.
