Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón denuncian “el riesgo de la complicidad en la comisión de crímenes de derecho internacional” que suponen determinadas exportaciones de armas españolas en 2015 y 2016. El mismo día en que la secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela García, explica en la Cámara Baja la venta de armamento en 2016, la campaña Armas Bajo Control evidencia que España ha vendido más de 800 millones en armas a Arabia Saudí e Irak en los últimos dos años, entre otras “exportaciones preocupantes” autorizadas por reuniones que no se hacen públicas.
Son las decisiones de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU). Por acuerdo del Consejo de Ministros del 12 de marzo de 1987, las actas de este organismo son secretas.
En el caso de Arabia Saudí, el informe denuncia el riesgo de que las armas españolas se usaran para violar el derecho internacional de DDHH y humanitario en Yemen. España vendió a la monarquía petrolera munición de calibre medio y de artillería, granadas de mortero, sistemas de dirección de tiro y equipos electrónicos, entre otros, por valor de 650 millones de euros.
El otro gran caso de “riesgo de complicidad en la comisión de crímenes de derecho internacional” es la exportación de municiones, granadas de mortero y vehículos blindados por valor de casi 140 millones de euros a las fuerzas armadas de Irak, “a pesar del deterioro de la situación de derechos humanos y al riesgo de desvío de las armas al Estado Islámico”.
Las ONG destacan las exportaciones de armas a estos dos países como ejemplo de la necesidad de que la Junta Interministerial que autoriza las exportaciones de armas mejore la evaluación de riesgo de su uso y reclama al Gobierno que facilite a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso las actas en las que se autorizan dichas exportaciones controvertidas. “Que el Gobierno rinda cuentas ante el Parlamento y explique en detalle la evaluación de riesgo, usos y usuarios finales”, exige la plataforma. El informe también identifica otras ocho operaciones de potencial preocupación, entre las que figuran exportaciones a Bahréin, Brasil, Colombia, Egipto, Israel o Turquía, y otros 16 procesos de exportación sobre las que se solicita más información.
En total, las exportaciones de armas españolas alcanzaron los 4.362 millones de euros en 2016, un 11% más que el ejercicio previo. Se autorizaron operaciones de venta por valor de más de 6.500 millones.
Granadas de mortero para Arabia Saudí
Para Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, “cualquier posible venta de armas a Arabia Saudí que pueda usarse en Yemen es ilegal porque viola la legislación española e internacional sobre comercio de armas”. Beltrán reclama al Gobierno que “no autorice ventas de armas a este país, incluido el posible contrato que la empresa pública Navantia está negociando para la construcción de cinco corbetas para la armada saudí, mientras exista un riesgo sustancial de que podrían emplearse para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional o ser objeto de desvío”.
José María Vera, director de Oxfam Intermón, destaca la “catástrofe humanitaria provocada por la guerra en Yemen, que se encuentra a un paso de la hambruna y donde más de 21 millones de personas necesitan ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas, en una crisis exacerbada por el bloqueo naval de Yemen”.
La coalición encabezada por Arabia Saudí ha bombardeado escuelas, hospitales, mercados y mezquitas y ha reconocido haber usado municiones de racimo en un conflicto en el que todas las partes han cometido graves violaciones y abusos, recuerda la plataforma. No en vano el informe comienza con el caso de Suus Amer, una mujer de 52 años que perdió ambas piernas en un ataque con mortero a manos de Arabia Saudí cuando recogía agua de un grifo a pocos metros de una escuela. “En los últimos tres años España ha vendido armas a Arabia Saudí, incluidas granadas de mortero, por valor de casi 1.000 millones de euros”, denuncian.
“No autorizar armas para cometer atrocidades”
Las cuatro ONG creen que es hora de hacer balance y seguir avanzando en la transparencia y el control parlamentario del comercio de armas español. “Existe un amplio margen de mejora en la práctica del sistema de control de las transferencias de armas españolas, como puede verse en las recomendaciones de las Organizaciones para garantizar el respeto a la Regla de Oro del TCA, que ha establecido como norma vinculante de derecho internacional el principio de “No autorizar armas para cometer atrocidades”.
La campaña ofrece en su informe un decálogo de mejoras en los procesos de exportación armamentística “ante la falta de avances en transparencia y control y el aumento de las ventas de armas españolas en los últimos años”.
