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Las ‘ranas’ de Cifuentes: dimisiones por la Púnica, diputados bajo sospecha, Gürtel, Lezo…

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid
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Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid

La popular cuenta con 14 casos donde diputados, asesores y altos cargos han sido señalados por casos de corrupción o por agrias polémicas que han forzado salidas.

“He nombrado a más de 500 altos cargos y dos me han salido rana”. Esta será una de las frases por las que más se recordará a Esperanza Aguirre. Una afirmación con la que quiso defenderse de su responsabilidad escogiendo a políticos que se han visto salpicados por problemas de corrupción. Su dimisión de la portavocía del PP en el Ayuntamiento de Madrid fue vendida como el fin de una era en los populares madrileños; la llegada de Cristina Cifuentes tanto a la Comunidad de Madrid como al liderazgo del partido regional, como una regeneración y un ‘nuevo PP’. Sin embargo, las ranas también han estado y siguen presentes en Madrid.

La reciente dimisión del viceconsejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Ruiz, imputado por el ‘operación Púnica’ ha sido la última ‘rana’ que ha aparecido en el Gobierno de Cifuentes. Una salida que ha llegado después de conocer la notificación y de que la Guardia Civil registrase este martes la Consejería de Medio Ambiente que dirige Jaime González Taboada, también salpicado por este caso de corrupción (aunque no imputado) después de que el presunto cerebro de la trama, el empresario David Marjaliza, le acusara de cobrar un tercio de las mordidas que pagaban los constructores a cambio de adjudicarles obras del Plan Prisma.

El largo recorrido de la Púnica

Y es que la Púnica ha hecho largos estragos en el Ejecutivo de Cifuentes. La salida de Ruiz no ha sido la única motivada por esta investigación. El director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, Carlos López Jimeno, también tuvo que dejar su puesto a mediados de octubre al aparecer señalado en el sumario judicial. La Guardia Civil, apoyándose en datos de la Agencia Tributaria, sospechó que una empresa de la que era accionista en aquella época cobró casi 200.000 euros entre 2010 y 2012 de Fenercom, una fundación de la que fue patrono como director general. Las pesquisas también señalan que López Jimeno medió para que Alcalá de Henares contratara con Cofely.

Una dimisión “irrevocable” que el alto cargo lanzó para “defenderse” de las informaciones aparecidas desde hace varios meses sobre su presunta implicación en Púnica. De la misma manera, solo unos meses antes, uno de los casos más llamativos en el equipo de Cifuentes fue el de Daniel Ortíz. El que fuera alcalde de Móstoles protagonizó la actualidad madrileña en el verano pasado hasta que se desembocó en su dimisión después de conocer la imputación formal del ya exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid.

Y es que el juez de la Púnica imputó hasta seis delitos a Ortíz, entre ellos cohecho y fraude a la administración pública. Una investigación que se centra en su etapa como alcalde de Móstoles (luego estuvo presente en las listas de las elecciones autonómicas) donde el magistrado sigue la pista a un presunto amaño en una adjudicación a la principal empresa de la trama corrupta, Cofely. Un contrato de eficiencia energética que se cifró en 73 millones de euros y por el que, supuestamente, el político percibió una mordida de 743.000 euros.

Al igual que sucediese con Taboada, actual ‘número tres’ de Cifuentes y consejero de Medio Ambiente, Marjaliza apuntó a otro diputado de la bancada popular en la Asamblea de Madrid: Bartolomé González. La Púnica sigue siendo la gran protagonista. La imputación sobrevuela sobre este después de que el cabecilla de la trama declarase ante la Justicia que el exalcalde de Alcalá de Henares pidió una comisión de 60.000 euros a la empresa Cofely. Según publicó eldiario.es, la Guardia Civil tiene acreditada esta sombra que persigue a Bartolomé González.

De hecho, esta misma semana, el popular ha vuelto a la actualidad. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares (PSOE), como ha adelantado la Cadena SER, ha enviado a la Audiencia Nacional un escrito asegurando que no se encuentran en los archivos municipales ni facturas ni expedientes por cerca de 100.000 euros que Bartolomé González y su gobierno pagaron a la empresa Over Marketing, una de las firmas investigadas por la Guardia Civil en la presunta trama de financiación ilegal del PP. Mientras tanto, el político sigue presente en el Parlamento madrileño.

Getafe, un nuevo dolor de cabeza

A finales de 2016, otro exalcalde y actual diputado del Partido Popular apareció de lleno en las investigaciones policiales y en los medios. Juan Soler, antiguo regidor de Getafe, se ha visto salpicado por otro caso de corrupción en la Comunidad de Madrid: el ‘caso Teatro’. El juez del municipio madrileño que investiga esta trama, donde se apuntan a presuntos amaños de la etapa de Soler en el consistorio, decidió imputar a 18 personas, salvando al parlamentario. Sin embargo, según pudo saber la Cadena SER, los informes policiales otorgan a Soler un papel clave en estos movimientos en Getafe durante su mandato, aunque las acciones judiciales (aún) no han llamado a su puerta.

A su vez, como pasó con Bartolomé González y Jaime Taboada, Marjaliza declaró en su confesión por la ‘operación Púnica’ que pagó durante tres veranos las vacaciones al exalcalde de Getafe a cambio de adjudicaciones en la localidad. Como respuesta, tal y como hicieron Taboada y Tomás Gómez, las denuncias por calumnias hacia el empresario salieron a relucir. Aun así, la ciudad del sur de la región no es la única que ha traído un quebradero de cabeza a Cifuentes.

A inicios de este año, el 2 de enero, la presidenta regional fichó como asesor técnico del gabinete de la presidenta regional a Miguel Ángel Garzón. Un cargo que ocupó de manera ‘express’: el 21 de ese mismo mes, el que fuera hombre de Soler en Getafe fue destituido del Gobierno de la Comunidad de Madrid tras ser imputado por el ‘caso Teatro’. Según un informe policial, al que tuvo acceso eldiario.es, Garzón conocía el amaño de contratos y participó ofreciendo “prebendas” a empresarios “a cambio de favores realizados”.

Otro de los políticos que tuvo un paso fugaz en el mandato de Cifuentes fue Borja Sarasola. De hecho, su condición de aforado le sirvió para evitar una primera declaración ante el juez Eloy Velasco. El parlamentario fue citado a declarar el 15 de junio de 2015, pero su ‘privilegio’ le salvó. Al poco de recoger su acta de diputado, renunció a su puesto en la Asamblea de Madrid alegando volver a la empresa privada. Seleccionado como número 12 en las listas a las elecciones autonómicas, Sarasola antes de las elecciones estaba imputado por la Púnica. No sirvió para caerse de las listas.

Diputadas bajo sospechas

Volviendo a la bancada actual del PP en el Parlamento madrileño. Dos nombres están apareciendo en las investigaciones: el de María Josefa Aguado y el de Isabel González, hermana de Ignacio González. En las últimas semanas, las pesquisas y las escuchas policiales han recorrido a estas dos parlamentarias. A la primera de estas, el juez de la Gürtel, José de la Mata, ha elevado a la Justicia madrileña –encargada de retirarle el aforamiento- una exposición razonada contra la diputada popular.

Una mirada que el magistrado ya realizó sobre Aguado a finales de 2016 cuando le reclamó que declarase “de forma voluntaria, en condición de investigada por delitos de prevaricación y fraude”. Y es que los hechos que se le imputan tienen que ver con su etapa como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey donde presuntamente fraccionó una serie de contratos para adjudicárselos a dedo a las empresas de Francisco Correa.

En cuanto a Isabel González, las exclusivas periodísticas han desvelado que el juez de la ‘operación Lezo’, Eloy Velasco, sostiene que la actual diputada del PP en la Asamblea de Madrid maniobró junto a sus hermanos –hoy imputados- para frenar el caso. Incluso, la Guardia Civil tendría grabaciones de esa reunión donde los familiares buscaron tapar los movimientos policiales. Los micrófonos de ambiente instalados en la habitación grabaron a la popular preguntando “quién está en la poli ahora” y en la Secretaría de Estado de Seguridad. Al día siguiente, Pablo González se reunió con el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. Cifuentes le mantiene su apoyo; a Aguado también.

Otras dimisiones polémicas

Con menor intensidad mediática, otros cargos colocados por Cifuentes han tenido que abandonar su puesto por una serie de escándalos. Así es el caso del diputado José Cabrera que renunció a su acta después de negarse a presentar su declaración de bienes; el de Ignacio Echeverría que hizo lo mismo después de conocerse que sufrió un accidente de tráfico tras conducir ebrio triplicando la tasa de alcoholemia o el de María Jesús Martín Nieto, directora del Área Económica, Promoción y Rehabilitación de la Agencia de Vivienda Social, que logró un piso del Plan Joven en 20 días sin figurar en la lista de aspirantes. Por su parte, Miguel Ángel Santamaría Novoa, fue cesado como asesor taurino de la Comunidad de Madrid cuando fue notificada su imputación por un delito de prevaricación. También dimitió de su puesto como alcalde de Colmenar Viejo.

Marco González

Periodista o intento, por lo menos. Aprendiendo. Y todo con un mejunje en la cabeza, pero con el periodismo comprometido como pegamento de unión.

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