Si usted tiene pensado viajar en verano y tiene el DNI caducado, tiene motivos para preocuparse. En estos momentos, concertar una cita en alguna oficina de expedición de DNI y pasaportes de su ciudad puede acarrearle entre dos y tres meses de espera. Los datos son reveladores: el 70% de las oficinas de expedición del DNI superan los dos meses de espera.
Esta situación viene repitiéndose – y denunciándose – desde el año 2015. Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy parece hacer caso omiso a las quejas de los profesionales del sector y al deterioro que está sufriendo este servicio público.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró en una Comisión del Congreso de los Diputados que las razones del bloqueo eran coyunturales y excepcionales, pero no especificó más allá de la vaguedad del verbo. El director general de la Policía, Germán López Iglesias, por su parte, informó que se estaba paliando el problema incorporando personal.
Sin embargo, una vez más, los datos refutan sus palabras. Según informa el sindicato Comisiones Obreras, en los últimos meses se han incorporado 12 funcionarios en la plantilla de las oficinas. Doce personas que quedan lejos de las 504 plazas que la Dirección General de Policía reconocía como necesidad urgente, y más alejada aún de las 1.230 vacantes que tiene este ámbito.
En ese sentido, CCOO ha denunciado insistentemente la falta de una Oferta de Empleo Público excepcional que cubra todas esas (1.200) plazas vacantes de personal funcionario no policial en la DGP.
El director de la policía también hizo referencia al desarrollo de la tramitación telemática. No obstante, el pago telemático tiene por el momento poco uso por parte de la ciudadanía; “según los datos facilitados por la Policía no supera el 0,1%, y es difícil que se extienda sin una campaña de promoción”, señala CCOO.
El sindicato denuncia que el incremento de citas por hora y la ampliación del horario de apertura de las oficinas ha degradado la calidad del servicio público y ha añadido presión al personal que lo presta. “La ciudadanía y las empleadas y empleados públicos llevan dos años soportando una merma constante de sus derechos por parte de la DGP y del Gobierno”, señala.
CCOO piensa que, en muchas ocasiones, cuando se permite un grave deterioro de un servicio público, lo que se está escondiendo es un afán privatizador.
Oferta de Empleo Público
La convocatoria este pasado lunes de un proceso selectivo para cubrir cerca de 1.400 plazas en varios ministerios y sus organismos, así como en la Administración General del Estado, puede que guarde relación con la necesidad de ampliar la plantilla.
De todos modos, según las resoluciones, el grueso de estas convocatorias, unas 1.000 plazas, son para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo; mientras que en el resto se trata de promoción interna.
