CCOO ha impugnado la prueba externa de la LOMCE para alumnos de 3º de Primaria en la Comunidad de Madrid, presentando un recurso administrativo en el que solicita que la prueba, prevista para el miércoles y el jueves próximos, se suspenda de “inmediato” dado que los dos días de plazo que ha dado la Consejería a los centros hacen que sea “materialmente imposible” organizarla.
El sindicato explica, en un comunicado, que ha presentado dicha recurso debido a que la Consejería de Educación remitió a los centros educativos el pasado viernes 5 de mayo, por correo electrónico y después de las 2 de la tarde, la primera resolución firmada de la prueba, por lo que consideran es imposible “cumplir los plazos y trámites que la propia resolución establece”, además de denunciar que la resolución no se ha publicado ni en el BOE de la Comunidad de Madrid ni en ninguna web oficial.
Por eso el sindicato también argumenta para su recuso la “ausencia de garantías en las comunicaciones y notificaciones a través de una índole de plataforma que no está previamente establecida ni regulada, ni cumple con los requisitos de la Ley de Procedimiento Administrativo Común”. Además de considerar que se vulnera el “principio de publicidad, de transparencia y de buen gobierno, pues al no haber publicado la resolución se dificulta e incluso imposibilita la información y el ejercicio de derechos fundamentales como el de protesta o el de impugnación”.
Otro de los argumentos de CCOO es que la prueba requiere del profesorado que obligatoriamente corregirá las pruebas un trabajo extra sin contraprestación dineraria ni de ningún tipo. Esgrimiéndose además “la ausencia de negociación con los representantes de los trabajadores, a pesar de que sus condiciones laborales (carga de trabajo, horarios…) se verán notablemente gravados por las pruebas.
CCOO también argumenta para pedir que se suspenda la prueba el hecho de que los centros estén obligados a “correr con los gastos de impresión y fotocopias de los exámenes, lo cual es especialmente grave para los centros públicos, pues la Consejería no les transfiere las cantidades para gastos de funcionamiento, lo que ocasiona que estén en números rojos”. Quejándose de que esto suceda “mientras a la empresa a la que se ha adjudicado la organización de las pruebas se le abonan más de 330.000 euros”.
No es la primera vez que este sindicato recrimina al Gobierno de Cristina Cifuentes el hecho de que haya externalizado las pruebas que marca la LOMCE para que las realicen empresas privadas. El pasado mes de marzo, en declaraciones a ElBoletin.com, Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, calificaba este gasto de “despilfarro” y se quejaba de que “cuando los sindicatos y familias piden a Educación más profesores, más ayudas a las familias o una reducción de las tasas se nos contesta con una sola respuesta: no hay dinero, pero si lo hay para dárselo a ganar a la empresa privada”. Y para dar una idea de lo que se podría hacer con este dinero la representante de CCOO indicaba que con esta cantidad “se podría contratar a más de 30 maestros especialistas, que es uno de los perfiles que hacen más falta en los centros públicos”.
Finalmente, CCOO explica que otra de las razones para recurrir es prueba de 3 de Primaria es que a, su juicio, se vulneran “los derechos del alumnado con dificultades de aprendizaje, puesto que al ampliar los tiempos de los exámenes al alumnado con dislexia, DEA o TDAH no se les permite los mismos descansos que al resto del alumnado, pese a que debería tener más descanso, precisamente por sus dificultades”.
