Moix «tapó» cuando era fiscal jefe de Madrid el escándalo del campo de golf adjudicado por González

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Moix «tapó» cuando era fiscal jefe de Madrid el escándalo del campo de golf adjudicado por González

El juez Eloy Velasco ve indicios que apuntan a que el hermano y el cuñado Ignacio González “se beneficiaron económicamente” del polémico campo de golf construido en terrenos del Canal.

Manuel Moix, Fiscal Anticorrupción

Continúan apareciendo informaciones sobre el controvertido fiscal jefe Anticorrupción que arrojan nuevas sombras de sospecha sobre las actuaciones de Manuel Moix en los casos de supuestas corrupción que afectan a dirigentes del Partido Popular.

Hoy infolibre.com asegura que Manuel Moix “tapó en 2009”, cuando era fiscal jefe de Madrid, “el escándalo del campo de golf adjudicado por Ignacio González”.

Desvela el digital que Moix “decretó el archivo de una denuncia en la que figuraban todos los datos de las empresas relacionadas con la trama, asegurando que no existía ni “indicio”, ni “rastro” ni “la más leve sospecha” de irregularidad por parte de Ignacio González. Y hace notar infolibre.com que “contra de lo que indicó Moix, el hermano y el cuñado de González llevaban tres años utilizando la sociedad Tecnoconcret para lucrarse con la construcción y explotación del campo de golf”.

Las sospechas sobre que el caso Lezo alcanza al polémico campo de golf de Chamberi construido sobre los terrenos del Canal de Isabel II están negro sobre blanco en el auto en el que envió a prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

Según informa elpais.com, el juez Eloy Velasco sostiene que en el polémico campo de golf de Chamberí promovido por el Canal de Isabel II, existen “numerosos indicios” que apuntan a que tanto Pablo González como José Juan Caballero, hermano y cuñado del expresidente de la Comunidad de Madrid, “se beneficiaron económicamente” de contratos vinculados a esta instalación deportiva, y aclara el magistrado que los hechos habrían ocurrido cuando González era presidente del Consejo de Administración del Canal, cargo que ocupó de 2003 a 2012.

El documento sostiene también que fue González quien instó cuando era vicepresidente regional a declarar el complejo de “excepcional interés público” para legalizarlo, ya que se habían encontrado con la oposición del Ayuntamiento de Madrid por incumplimiento de la normativa. Es decir, concreta el juez, siendo González presidente del Canal de Isabel II, que era la promotora de la obra, tramita una comunicación a la Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid de la que también era él responsable. Dos días después, el Consejo de Gobierno lo declara de interés general.

Según explica el diario de Prisa, el proyecto continuó adelante y se adjudicó al consorcio Green Canal Golf, que obtiene la mejor puntuación a pesar de ser la oferta más cara. Lo consigue, indica el auto, con puntos que obtiene de criterios subjetivos que incluía el concurso público. Los pliegos fueron firmados por De Miguel. Todo ello lleva al juez a concluir que existió un “riesgo potencial de manipulación en la adjudicación del contrato”, que pudo permitir “orientar el procedimiento a sus intereses particulares”.

Dos meses antes del citado concurso (en agosto de 2006), el hermano y el cuñado del expresidente constituyeron una sociedad junto con José Antonio Clemente cuyo objeto mercantil era la explotación de instalaciones deportivas. La noticia saltó a los medios de comunicación, lo que “parece motivó” la disolución de la empresa en diciembre de 2006.

Posteriormente, aparece en escena la empresa Tecnoconcret, una sociedad “supuestamente dedicada a la ingeniería”, creada días antes de la publicación del contrato de construcción de las instalaciones en 2003, dice el juez. La mercantil se integra en el consorcio al que se había adjudicado la explotación del golf en 2008. En abril de ese año, el hermano y el cuñado de González adquirieron participaciones de la empresa.

Tecnoconcret continuó facturando al consorcio del golf cuando se desvinculó formalmente de él. Entre 2007 y 2012 el importe ascendió a 623.000 euros. Las investigaciones también han detectado importantes movimientos de dinero en efectivo.

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