No hay manera de que el Partido Popular haga bote. Cada día florece un nuevo caso de presunta corrupción cometida al calor de las siglas del partido. El último, la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid a la actual delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, por supuesto fraude cometido mientras era concejala de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid.
Según informa el diario El País en su portada de este miércoles, Dancausa tuvo gran responsabilidad en la extraña adjudicación de unos terrenos de Mercamadrid a la empresa Merca Ocio Hoteles 22 S.L. Extraña porque en vez de cobrar por haber cedido terrenos municipales, el Ayuntamiento acaba pagando 41.500 euros al mes a la empresa beneficiaria.
El contrato tiene como fecha límite el año 2032, aunque esta apertura judicial podría variar más adelante las condiciones. El asunto es que las cláusulas establecieron que si el Ayuntamiento rescindía la adjudicación del suelo público tendría que pagar esa cantidad de un sola vez, es decir, unos 11 millones de euros.
“El Ayuntamiento, entonces del PP, decide pagar al beneficiario 41.500 euros al mes hasta el año 2032 para evitar que aquel le denuncie por no dejarle levantar un hotel en los terrenos públicos cedidos”, asegura El País.
Conviene destacar que una de las empresas incluidas en el consejo de Administración de Mercamadrid era (y es) Mercasa, la empresa que ha estado gestionada por Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad e imputado por la operación Lezo.
La Fiscalía considera que el contrato llevado a cabo entre Mercamadrid y Merca Ocio Hoteles 22 S.L. es “abusivo” y concluye que lo sucedido en esta operación constituye un delito societario.
La colaboración de Carmena
La iniciativa de la fiscalía de denunciar a Concepción Dancausa se produce después de que el actual equipo de gobierno municipal remitiera a los juzgados un informe donde denunciaba la malversación de caudales públicos acaecidos en la adjudicación de unos terrenos en Mercamadrid.
El informe de 28 folios enviado por el equipo de Carmena a la Fiscalía Provincial considera «desproporcionado y abusivo» el contrato y asegura, según El País, que si las partes hubiesen ido a juicio, habría ganado el Ayuntamiento
