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Más de 300 organizaciones desmontan los argumentos del PP para negar la exclusión sanitaria

Más de 300 organizaciones desmontan los argumentos del PP para negar la exclusión sanitaria
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La Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 recoge 3.340 denuncias de inmigrantes excluidos del sistema sanitario. Y sólo desde 2014.

“Es una reforma inevitable para salvar la Sanidad”; “En España nadie se queda sin asistencia sanitaria”; “La Sanidad es hoy más universal que nunca”; “Dar tarjeta sanitaria a las personas en situación irregular fomenta el turismo sanitario”; “Con las nuevas normativas autonómicas ya no hay exclusión sanitaria”. Estas son los cinco principales argumentos que ha ido lanzando el Gobierno de Mariano Rajoy para defender su Real Decreto Ley 16/2012 que supuso la exclusión de miles de ciudadanos en el Sistema Nacional de Salud.

Y es que, a pesar de que la reforma puesta en marcha por la exministra Ana Mato decretó que estas personas serían atendidas en los servicios de urgencias, han trascendido numerosas denuncias de enfermos que han sufrido las consecuencias de la falta de tratamiento, e incluso han fallecido sin recibir la asistencia que demandaban. Unas cifras que no han ido disminuyendo, sino todo lo contrario: ha ido en aumento mes a mes. O al menos así lo ha constatado la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER), la cual está integrada por más de 300 organizaciones sociales y profesionales como la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) o Médicos del Mundo.

Cuando se cumplen cinco años de la aprobación por parte del Gobierno del Partido Popular de esta polémica reforma, las entidades que forman parte de REDER han visto necesario “desmontar” esas afirmaciones del Ejecutivo. Una serie de “mensajes falaces” que no comparte el colectivo y que tumban sentenciando que, desde enero de 2014 hasta marzo de 2017, las organizaciones integrantes de la red han recogido un total de 3.340 casos de personas excluidas del sistema sanitario.

Unas denuncias de las que las organizaciones cada vez tiene más constancia. Y es que en septiembre del año pasado, coincidiendo con el cuarto aniversario de la entrada en vigor del ‘decretazo’, esta misma organización hablaba de 2.496 casos de vulneración del derecho a la salud, 844 casos menos que ahora. Algo que se debe, según ha podido conocer ElBoletín.com, a que en los primeros informes publicados no todas las organizaciones habían podido subir a la base de datos el acumulativo de casos que habían registrado.

Por ello, la frase emitida por la actual ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, en sede parlamentaria alegando que “los inmigrantes ilegales no tienen derecho, pero se les atiende” chirría para REDER. “Estas declaraciones, además de desafortunadas –convendría recordar a la sra. ministra que ninguna persona es ilegal– difieren bastante con la realidad diaria de miles de personas”, ha lamentado el colectivo en su estudio.

Concretamente, REDER ha recordado que “ni siquiera se han respetado los casos de las personas que tienen que acudir a urgencias para ser atendidas, ni los de quienes sí tienen derecho a recibir asistencia sanitaria”. Momento en el que al colectivo le vienen a la cabeza las 146 denuncias de mujeres embarazadas, las 243 de menores, las 26 de personas solicitantes de asilo y las 341 casos de denegación o de facturación indebida de la atención en urgencias.

La Sanidad menos universal

Otro de los “mitos” que han querido desmontar las organizaciones tiene que ver con el autoaplauso del PP alegando que “la Sanidad es hoy más universal que nunca”. Según la versión del Gobierno, su reforma dio acceso al sistema sanitario a las personas desempleadas de larga duración que habían agotado su prestación por desempleo. Una celebración que REDER ha rechazado: “Estas personas ya habían sido incluidas en el Sistema por la Ley General de Salud Pública de 2011”. En lo que sí tuvo peso, como ha aseverado el colectivo, es en cómo la reforma “dejó fuera del sistema a cientos de miles de personas, como el propio Ejecutivo certificó refiriéndose a las 873.000 tarjetas sanitarias retiradas a partir de la entrada en vigor de la normativa”

De hecho, uno de los casos que han puesto como ejemplo las entidades sociales tiene con aquellos padres, madres, abuelos y abuelas que llegan a España fruto de un proceso de reagrupación familiar. Personas autorizadas por Extranjería y que el ‘decretazo’ “les impide ser consideradas beneficiarias de sus hijas e hijos, negándoles la asistencia sanitaria que para muchas es vital”. “Todo ello a pesar de que son ya varias las sentencias judiciales que les reconocen este derecho. REDER ha documentado 66 casos de este tipo”, han denunciado. Es por eso que, para el colectivo que el Gobierno popular hable de un sistema universal “supone vaciar este concepto de todo contenido”.

Una argumentación sin datos y otra con tintes xenófobos

Una reforma inevitable para salvar la Sanidad”, aseveraban los populares para dar fuerza a su Real Decreto. Sin embargo, la visión de REDER es bien distinta y más al ver que el Gobierno no aportó “memoria económica alguna”. Una falta de rigor que cinco años después sigue brillando por su ausencia, según las organizaciones, al no aparecer ningún informe de impacto. En el opuesto contrario, el colectivo ha matizado que lo que sí ha aparecido “son varios informes de organizaciones sociales y profesionales que señalan que nuestro sistema sanitario es hoy en día más injusto, insolidario e ineficaz”.

El cuarto “mito” que se ha propuesto derribar REDER tiene que ver con que “dar tarjeta sanitaria a las personas en situación irregular fomenta el turismo sanitario”. Tachado como uno de los argumentos “más sangrantes” al relacionar “la inmigración irregular y el turismo sanitario”, las entidades sociales han denunciado que este tipo de frases lo único que hacen es alimentar “las actitudes xenófobas”. Y es que, tal y como demuestran diversos estudios, según este colectivo, el uso que los inmigrantes realizan del sistema sanitario “es sensiblemente inferior al de una persona nacional”. “Es más, según demuestran diversos informes, sólo el 3% de las personas que migran a Europa lo hacen por razones de salud”, han apostillado.

Asimismo, REDER tampoco ha pasado por alto el sistema de financiación de la sanidad pública española: “No se financia a través de las cotizaciones en la Seguridad Social sino por medio de impuestos, tanto directos (como el IRPF) como indirectos (como el IVA, el impuesto sobre el tabaco, etc). Cualquier persona en situación irregular que vive en España está contribuyendo, a través del consumo, al sostenimiento del sistema sanitario del cual se la excluye”.

Las CCAA no han terminado de revertir la situación

Y, por último, cuando desde el colectivo social escuchan que las “nuevas normativas autonómicas” evitan la exclusión sanitaria, las dudas empiezan a aparecer. A pesar de reconocer que estas disposiciones han tenido un “impacto positivo a la hora de mitigar los graves efectos del Real Decreto”, REDER ha concluido que “el problema dista mucho de estar resuelto”. Algo que se puede apreciar con las denuncias que van recibiendo desde la aprobación de dichas medidas.

“L a red ha documentado 687 casos de personas excluidas debido a que las propias normativas contienen barreras administrativas de difícil cumplimiento en algunos casos; las medidas no han venido acompañadas de campañas informativas; el alcance de estas normativas está limitado”, han respondido las más de 300 organizaciones sociales y profesionales que integran REDER.

Por todo ello, las entidades han considerado que el cambio legislativo es “imprescindible y no puede posponerse más”. Un paso que exigen a los grupos parlamentarios para que “aseguren el fin de esta situación”.

Marco González

Periodista o intento, por lo menos. Aprendiendo. Y todo con un mejunje en la cabeza, pero con el periodismo comprometido como pegamento de unión.

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