IU ha solicitado, mediante el escrito de acusación, una pena de entre seis y ocho años de prisión y una indemnización por responsabilidad civil de dieciocho millones de euros para los encausados por la Audiencia Provincial en el caso de las prejubilaciones millonarias de Caja Segovia, entidad que acabó integrada en la rescatada Bankia.
La petición es ocho años de prisión y veinticuatro meses de multa a razón de cincuenta euros al día para quien fue presidente de Caja Segovia entre 2006 y 2010 Atilano Soto; para el vicepresidente primero, Manuel Agudíez, y para la vicepresidenta segunda, Elena García, según ha explicado en una rueda prensa que recoge la agencia Efe el coordinador provisional de IU, José Ángel Frías.
Para el director general, Manuel Escribano; el secretario general, Antonio Tapia, y el director de Recursos Humanos, Enrique Quintanilla, han solicitado seis años de cárcel y dieciocho meses de multa a razón de sesenta euros diarios.
Frías ha explicado que no son penas “excesivamente graves” y ha insistido en que no se trata de una “aversión” contra ninguno de los acusados, “ni siquiera a nivel partidista”.
En este caso, en el que se les vincula con la comisión de los delitos de administración desleal y apropiación indebida se han presentado como acusación popular IU y la Confederación Intersindical de Cajas (CIC), y como acusación particular la Fundación Caja Segovia.
En cuanto a la decisión de la Fiscalía de no presentarse como acusación particular en el caso, el abogado de IU, Alberto López, ha lamentado la decisión aunque ha reconocido “no tiene mayor trascendencia” al existir acusación particular. Sí ha apuntado que supone “un alivio para los encausados no tener el peso del Ministerio Fiscal, ya que suele ser de las acusaciones más duras”.
