La temporalidad y la interinidad en el sector del empleo público son materias que preocupan mucho a los representantes de los trabajadores desde hace un tiempo. La temporalidad está ubicada por encima del 20% y la interinidad afecta a más de 350.000 trabajadores. El nuevo acuerdo entre Gobierno y sindicatos llega para poner fin a esa realidad.
Este miércoles, a las 13:30, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, firmará el pacto alcanzado con los representantes de los empleados públicos (UGT, CCOO y CSIF). El documento recogerá la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 de la convocatoria de oposiciones para más de 250.000 plazas en tres años y el aumento de salario (1%) de los funcionarios.
Las oposiciones las aprueba el Gobierno pero deberán ser convocadas, en la mayoría de los casos, por las Comunidades Autónomas, por lo que el acuerdo también ha tenido presente a los representantes de las regiones.
Los sectores sobre los que se focalizará esta macroconvocatoria son la Sanidad, la Educación y la Justicia. El sector de la salud ofertará más de 120.000 plazas, la Educación rondará las 100.000 y la Justicia las 10.000. Todas la plazas que lleven más de tres años ocupadas por trabajadores temporales saldrán a concurso.
La idea es reducir la temporalidad en casi un 90% en los próximos tres años y la interinidad de un 25% a un 8%.
Rechazo al aumento salarial “insuficiente”
El quórum no ha sido total, ya que el aumento salarial de un 1% a todos los funcionarios ha sido catalogado como “insuficiente” por todos los representantes sindicales. Tal y como recoge Europa Press, el sindicato mayoritario de los funcionarios (CSIF) critica que el Ejecutivo haya planteado ese ‘aumento’ sin “margen de negociación”.
La principal crítica y reclama es que de esta manera no se recupera el poder adquisitivo perdido en 2010, después de que el decreto de José Luis Rodríguez Zapatero redujera el salario de los funcionarios en un 5%.
Además, todos los sindicatos consideran que el aumento de la retribución de los empleados públicos debería ser, como mínimo, superior al IPC de 2017, que el Gobierno prevé que se sitúe en el 1,2%.
