UGT ha advertido que la nueva normativa sobre siniestralidad laboral, aprobada por el Gobierno mediante un Real Decreto a principios de este mes, “van encaminadas exclusivamente a financiar a las empresas y mutuas”. El sindicato explica que esta norma contempla la reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a aquellas empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral.
Concretamente, las empresas podrán reducirse un 5% del importe de las cuotas por contingencias profesionales “sin llevar a cabo actuaciones de ningún tipo para evitar o reducir la siniestralidad laboral o, incluso, a pesar de incumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales”, asegura UGT en una nota.
En este sentido, el sindicato recuerda que “las empresas llevan tiempo reclamando la reducción de las cuotas por contingencias profesionales y las mutuas solicitando un aumento de la financiación que reciben para la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, así como la recuperación de un patrimonio histórico muy mermado”.
La norma, según UGT, excluye la obligación que establecía la anterior normativa de realizar actuaciones efectivas en la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, “de manera que se incentivará la inacción: la reducción de la siniestralidad no estará vinculada a las acciones de las empresas (inversiones en instalaciones, proceso o equipos en materia de prevención de riesgos; auditorías externas del sistema preventivo de la empresa, planes de movilidad vial que sirvan como medida preventiva de los accidente in itinere que son la segunda causa de mortalidad en el trabajo, etc)”.
Asimismo, el sindicato señala que el Real Decreto permite que estos incentivos lo reciban empresas con infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales, (en concreto se les permite hasta dos). Infracciones como, por ejemplo, no informar a la autoridad laboral de los accidentes de trabajo ocurridos y las enfermedades profesionales declaradas, superar los límites de exposición a agentes nocivos (incluidos los carcinógenos) con riesgo de daños graves para la seguridad y salud de los trabajadores, no realizar los reconocimientos médicos ni las pruebas de vigilancia, etc.
De este modo, la actividad preventiva se supone pero no se contrasta, ya que se acredita con la propia declaración de la empresa sin que los delegados de prevención tengan que dar su conformidad. A juicio de UGT, el papel de las mutuas como verificadoras de estos requisitos queda en entredicho, ya que, son parte interesada en que las empresas resulten beneficiadas, debido a que si esto ocurre podrán percibir, previo acuerdo con estas, un 10% de esos incentivos con cargo a incrementar su patrimonio histórico.
Por último, UGT alerta de que mentir en esta declaración no tendrá consecuencias. Anteriormente, las empresas que falseaban los datos relativos a los requisitos eran penalizadas con la exclusión en posteriores convocatorias de estos incentivos, en este Real Decreto sólo tiene que reintegrar el incentivo percibido, es decir, aquel que nunca hubieran percibido porque no reunían los requisitos.
