La «razón» de los estibadores

Opinión

La «razón» de los estibadores

Diego Carcedo

La estiba amenaza con una huelga que causará graves daños a la economía, a la imagen de España y a la estabilidad laboral a otros trabajadores. Estoy absolutamente de acuerdo con la reivindicación de los estibadores en su conflicto con el Gobierno: responsabilidad y sentido común. Son dos exigencias elementales a la hora de abordar un problema, ¿dónde hay que firmar? Y el de la estiba en su situación actual, lo es. Resulta difícil enfrentarse a los intereses de un colectivo de trabajadores, pero a veces la responsabilidad social y el sentido común lo exigen. En España la estiba funciona, desde sus planteamientos, con unas estructuras anacrónicas que se vuelven injustas ante las disposiciones comunitarias y cuando se comparan con otros sectores  laborales.
 
Las exigencias emanadas de Bruselas de acabar con los últimos vestigios europeos de monopolios sociales de esta naturaleza obligan al Gobierno y al Parlamento a poner en marcha medidas que pueden resultar dolorosos para algunos pero se vuelven convenientes para todos. Para empezar, mantener el estatus actual de la estiba, con sus privilegios heredados, podría costarle a nuestro país una cuantiosa sanción que tendríamos que acabar pagando a escote entre todos los españoles y nadie debe exigir que unos contribuyan a que otros se beneficien.
 
Pero no son sólo cuestiones legales, comunitarias o de ámbito político. Hay muchas razones de igualdad a la hora de encontrar trabajo y de poder optar a los puestos existentes que justifican por si solas un cambio en la legislación y la tradición que arropa a este monopolio laboral. Los monopolios no tienen razón alguna de subsistir y los que se mantienen deben ser condenados a su liquidación. La estiba proporciona a unos millares de respetables trabajadores ventajas y prebendas  que la inmensa mayoría de los ciudadanos no tienen. Y eso no es justo.
 
Atravesamos una dura crisis económica que ha aumentado el número de desempleados y reducido los salarios. Todavía hay centenares de miles de trabajadores de diferentes sectores, profesiones  y categorías laborales que no han cobrado las pagas extraordinarias de varios años atrás y millones a los que se les ha reducido el salario o, en el mejor de los casos, se les mantiene congelado. Los propios jubilados llevan mucho tiempo sin que sus pensiones se actualicen.
 
Y esta situación no afecta sólo a trabajadores sin escasa formación o cualificación. También afecta a los cirujanos que nos salvan la vida en momentos decisivos, a catedráticos y profesores que ejercen la enorme responsabilidad de formar a las futuras generaciones, jueces y fiscales en quienes hemos depositado la administración de la Justicia, mineros que se arriesgan a picar carbón bajo tierra, conductores de trenes y autobuses de quienes depende nuestra seguridad, guardias civiles y un interminable etcétera.
 
Ante la obstinación de los representantes del sector de la estiba  a negociar una salida con responsabilidad y sentido común como en teoría propugnan, el Gobierno ha aprobado un Decreto Ley que deberá ser refrendado por el Congreso y convertido en Ley. Será bueno que los diputados escuchen a los estibadores y voten, sí,  con la  responsabilidad y el sentido común que ellos no ejemplifican. La estiba mientras tanto, amenaza con una huelga que causará graves daños a la economía a la imagen de España  y a la estabilidad laboral a otros trabajadores.                 

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