El sector financiero no debe estar permanentemente en la agenda judicial porque perjudica a la economía nacional. La decisión del Gobierno de aplazar la solución de las cláusulas suelo debe ser una buena oportunidad para resolver un problema que se está volviendo endémico en el sistema financiero: su judicialización. La solución que se dé debe ser buena y definitiva para los afectados por esta práctica bancaria pero también para que deje de ser una amenaza a la estabilidad de las entidades bancarias.
Jose Ignacio Goirigonzarri decía ayer en un foro sobre la economía española que “los bancos tenían un problema de reputación”, solucionarlo es uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector este año, como apuntó este diario recientemente.
La solución debe ser del suficiente calado para que los bancos no estén pendientes de resoluciones judiciales de todo tipo, algo que crea una gran inseguridad jurídica tanto a ellos como a inversores institucionales que han confiado en España como destino de sus inversiones. Y, por supuesto, que proteja también los derechos de los consumidores.
El tsunami económico que arrasó la economía española fue, en gran medida, una consecuencia de la nefasta gestión de determinados (no todos, evidentemente) gestores nombrados a dedo por los políticos y por una dejación de funciones de los organismos responsables de la legislación, supervisión y regulación. Tanto el actual como los anteriores gobiernos, el Banco de España, o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) son en gran medida responsables de los abusos cometidos contra los usuarios y consumidores de productos bancarios, pero a la postre pueden ser las entidades quienes acaben “pagando el pato” en exclusiva.
La Comisión Europea en el Memorándum de Entendimiento ( MoU) firmado con el Gobierno español, en su artículo 25 indicaba que ”debe reforzarse la protección de los consumidores y la legislación sobre valores, así como la supervisión del cumplimiento por las autoridades, afín de limitar la venta, por parte de la banca, de instrumentos de deuda subordinada a clientes minoristas no cualificados y mejorar sustancialmente el proceso de venta a estos últimos de instrumentos no cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos”. Sin que hasta el momento se haya tratado de evitar, como lo demuestra la sentencia del Tribunal Supremo de mayo del 2013 (un año después del MoU), que siendo importante no hizo sino complicar la situación al limitar la responsabilidad de los bancos afectados.
Recientes sentencias -es cierto que aisladas, pero sentencias al fin y al cabo- vienen a sumarse a la gran lista de productos financieros cuestionados. Si ya era un dato a tener en cuenta que más del 25% de las familias españolas están o estaban “atrapadas” por algún producto bancario, bien sean de pasivo como son las participaciones preferentes, la deuda subordinada o las cuotas participativas, bien sean de activo como las hipotecas con cláusula suelo, no deja de ser llamativo que ahora se abra la brecha de la dación en pago absoluta (algo que no está en el ordenamiento jurídico español), los gastos de constitución de hipotecas e incluso las comisiones de descubiertos cuestionadas recientemente en por los tribunales.
La propia CNMV reconoció en su día que un 70% de las emisiones de preferentes contaba con irregularidades. Muchas justificaciones “a posteriori” pero ninguna acción preventiva.
El sistema financiero español y su regulación deben seguir un proceso de renovación acelerado excluyendo de una forma definitiva las malas praxis de su funcionamiento, pero especialmente dando estabilidad a gestores, clientes, inversores y accionistas.
La realidad es que después de años de restructuración del sector financiero español, no se ha encontrado con la solución final al problema. La economía no volverá a la senda del crecimiento sostenible si continúa sin resolverse.
El sector ha sufrido una severa reconversión como la que protagonizaron la industria naval y la del acero, entre otras, en la década de los ochenta y principios de los noventa. Hoy, sin embargo, las entidades son más solventes, están mejor gestionadas y han adaptado sus costes.
Se debería hacer un análisis serio de qué tipo de entidades se quieren y se necesitan. Cuáles son las más convenientes para la economía nacional. Mantener la tesis de que con bancos mayores fluirá el crédito es una falacia, ya que a ningún banco le gusta ser el primer acreedor de nadie, por lo que normalmente en las fusiones las entidades invitan a sus clientes, en los que han acumulado mayor riesgo como consecuencia de la fusión, a buscarse nuevas oportunidades.
Pocos recordarán el informe Revell que establecía unas pautas para las fusiones de los años 80. Básicamente su tesis era que los bancos buenos y eficientes (generalmente los más pequeños) debían fusionarse con los grandes. Así se establecieron distintas parejas de baile: Vizcaya+Central; Banesto+ Santander; Hispano+Popular; Bilbao; y Exterior.
La dura realidad es que nada o prácticamente nada se cumplió en aquel informe y las fusiones se movieron más por egoísmos personales, por decisiones políticas o simplemente por conveniencia. Qué habría pasado si se hubiese cumplido el informe nadie lo sabe, ni siquiera si las consecuencias han sido mejores o peores.
“Si el sistema de la dependencia tiene hoy en día las carencias que tiene es porque se le secó la financiación durante los años…
