OHL sigue trabajando con el supervisor mexicano y sus auditores para encontrar los criterios contables adecuados mientras en España el problema se da por resuelto. Los balances de negocio de OHL México han abierto una brecha entre el supervisor del país azteca y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Mientras que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha mostrado un perfil más belicoso frente a la filial de la concesionaria española, el organismo que preside Elvira Rodríguez se decanta por un talante mucho más comedido.
Mientras que en México las exigencias de la firma local de recuento de tráfico Infraiber han sido oídas y tenidas en buena consideración por la CNBV, la CNMV española se ha limitado a aseverar que “ha llevado a cabo un seguimiento pormenorizado de la contabilización” de los activos de OHL en el país latinoamericano. Esta frase se recoge en una misiva firmada por la propia Rodríguez a la que ha tenido acceso ElBoletín.com.
En este mismo documento, la máxima responsable del organismo supervisor afirma estar “en coordinación” con su homóloga a la otra orilla del Atlántico dado que, como el abogado Paulo Díez mencionaba en una primera carta a la que esta responde, “las inversiones de las participadas en Méjico se consolidan en la entidad española”. Una situación que deja en evidencia la marcada disparidad de criterios que aplican uno y otro organismo a la hora de dar su visto bueno a las cuentas presentadas por la concesionaria española.
A pesar de que Rodríguez agradece en primera persona “la información proporcionada” por el representante legal de Infraiber, no se indica en ningún momento que vaya a tomarse acción alguna al respecto. En este sentido, fuentes próximas a la compañía presidida por Juan Miguel Villar Mir hasta hace escasos 12 días, subrayan que la CNMV tenía conocimiento desde hace años de las “falsas afirmaciones” que en su contra vierte la firma mexicana y que en contra de la opinión del supervisor de aquel país, considera que los criterios empleados por OHL para contabilizar la rentabilidad garantizada por sus concesiones en suelo azteca son apropiados.
La brecha existente entre ambos organismos de supervisión del mercado queda en evidencia al contraponer el distinto rumbo que la polémica generada tras las acusaciones de Infraiber ha tomado en cada país. De una parte, OHL México sigue trabajando junto a sus auditores externos para ir más allá del balance proforma presentado junto a las cuentas del ejercicio 2015 y proponer a la CNBV “la forma en que se deberá llevar a cabo el registro de la rentabilidad garantizada” conforme a los criterios de Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera (Ciniiif).
Por su lado, la CNMV insta al representante de la contadora de tráficos mexicana a que revise “la información que consta en los registros públicos” del organismo en lo pertinente al caso. Ahí, en un hecho relevante remitido por OHL ya el pasado 28 de marzo de este año se puede leer que “en los estados financieros auditados que prepare a partir de este momento (incluyendo los del ejercicio 2015) OHL México mantendrá inalterado el registro de la rentabilidad garantizada como activo financiero, pero incluirá en los mismos una nota con fines informativos” a modo de considerarlo intangible.
Mientras tanto, la lucha sigue abierta en los tribunales. Mientras que Infraiber ha presentado una denuncia contra Deloitte por su auditoría de las cuentas de OHL, la concesionaria española ha denunciado a la firma mexicana ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la posible comisión de delitos en su “campaña de desprestigio” con la consabida consecuencia de “una alteración significativa de cotización” tanto en la matriz del grupo como en su filial en el país latinoamericano.
A pesar de la respuesta de Rodríguez, la última carta de crítica remitida por Infraiber a distintas autoridades españolas tenía también otra destinataria: la presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Ana María Martínez Pina. El organismo que tiene encomendado el “control de la actividad de la auditoría de cuentas” y la imposición de las sanciones que pudieran derivarse del incumplimiento de las prácticas legalmente exigibles aún guarda silencio en torno a las cuentas de la ahora ya presidido por Juan Villar Mir Fuentes y el papel de su auditor.
