El Gobierno sale en tromba contra la filtración del informe sobre el presidente de Murcia

Caso Púnica

El Gobierno sale en tromba contra la filtración del informe sobre el presidente de Murcia

Rafael Catalá, ministro de Justicia en funciones

Rafael Catalá reclama que se investigue la revelación de un informe “secreto” de la Guardia Civil sobre los vínculos de Pedro Antonio Sánchez con la Púnica. El Gobierno , que se encuentra en funciones, ha salido en tromba para denunciar la filtración de un informe “secreto” de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los presuntos vínculos del presidente del Ejecutivo de Muricia, el popular Pedro Antonio Sánchez, en el marco de la ‘trama Púnica’. Si anoche el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pidió investigar el delito de revelación de secretos por el informe sobre Sánchez, hoy ha sido el titular de Justicia, Rafael Catalá.

El ministro de Justicia en funciones también ha pedido que se investigue la filtración de este informe, ya que la única información que tiene al respecto es “a través de algún medio de comunicación”. De ahí que, “si ha habido revelación de secretos es un delito, y se debe investigar”.

Las noticias desveladas por la SER son “confusas e inciertas”, según Catalá, que ha mostrado su sorpresa por el hecho de que ese informe, “si está sometido al secreto de la investigación judicial, se conozca públicamente”, La Justicia, ha señalado el ministro en declaraciones a los periodistas en Cádiz, tal y como recoge Europa Press, “tiene que ser independiente, profesional, y debe garantizarse que el proceso cumple las reglas de la legislación. Si las partes no conocen esa información, no es razonable que ese informe esté en manos de un tercero”.

“Si ha habido revelación de secretos es un delito y se debe investigar”, ha insistido el ministro de Justicia en funciones, que ha exigido el respeto “a la presunción de inocencia, a la intimidad y a la imagen de las personas”.

Las declaraciones de Catalá se suman a las de Jorge Fernández Díaz anoche en 13tv. El titular del Interior abogó por investigar si se ha cometido un delito de revelación de secretos sobre un informe de la UCO que señala posibles irregularidades del actual presidente del Gobierno de Murcia en la Púnica. “Estamos ante unas elecciones el 26 de junio y es muy difícil no pensar que no hay intencionalidad política en ese tipo de actuaciones”, dijo Fernández Díaz, que afirmó que “intentar sacar rédito político de la corrupción es malo para todos”.

Para el titular del Interior se haría “un servicio al Estado de Derecho y a todos” si se promoviera una investigación al respecto. Y es que, según recoge la mencionada agencia, “no podemos acostumbrarnos a que impunemente se estén produciendo delitos tan sensibles como el de relevación de secretos en momentos tan sensibles como estos y que afectan a personas que sustentan cargos públicos”.

Precisamente, el propio Pedro Antonio Sánchez, en una entrevista en la Cope, ha negado de forma categórica que haya contratado alguna empresa relacionada con la trama Púnica. “Rotundamente no y nunca autoricé que nadie de mi equipo ni de mi entorno, bajo mis responsabilidades, hiciera algo parecido”.

Fraude en contratos públicos

La SER avanza hoy que la UCO concluye en su informe que Pedro Antonio Sánchez contrató a la Púnica con dinero público y amparándose en conceptos ficticios para que llevara su imagen en las redes sociales, y propone al juzgado la citación como investigados. Según esta unidad de la Guardia Civil, el dirigente popular usó los servicios del conseguidor Alejandro de Pedro para que limpiase su imagen en las redes sociales ante la entrada de otro candidato en disputa en el PP para la presidencia de la Comunidad, Juan Carlos Ruiz López.

Los agentes, según la mencionada radio, concluyen que los trabajos reputacionales fueron facturados con dinero público bajo conceptos ficticios relacionados con la formación, e incluyeron también los trabajos de imagen en redes de la exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro y concluyen que Sánchez habría cometido en un delito de fraude en materia de contratación pública. Barreiro, por su parte, sería culpable, presuntamente, de delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

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