La eficiencia de nuestra administración pública se sitúa entre las más bajas de Europa. Un nuevo informe de la OCDE vuelve a sacarnos los colores. En este caso hace referencia a la eficiencia en el gasto público. En un contexto de fuertes presiones para mantener bajo control las cuentas públicas y revertir el ascenso de la deuda, las administraciones están bajo lupa auditora en toda Europa. Incluso España, pese a los recortes recientes, no es ajena a un examen riguroso.
El informe reconoce la calidad y el uso eficiente del sistema de salud de una sociedad con una de las mayores esperanzas de vida en Europa. Con todo lo que les cae encima y las condiciones de trabajo que sufren, los profesionales del sector pueden estar muy satisfechos. Menos benevolente es el estudio con el sistema educativo, otro colectivo de funcionarios sufridos. Centrado en la educación secundaria y partiendo esencialmente de los resultados que ofrece el informe PISA, los autores denuncian que hay un amplio margen de mejora en la eficiencia del gasto público en educación en España. Obviamente la metodología PISA y su interpretación como indicador de eficiencia son materias discutibles. También es cierto que el nivel educativo del país ha aumentado considerablemente, principalmente en el ámbito de la educación superior. Pero también lo es que la tasa de abandono escolar es escalofriante y que el desempleo juvenil es escandaloso entre los menos formados. Cuando además deberíamos aumentar en el futuro el gasto en educación por habitante para equipararnos a nuestros socios europeos, siempre debe ser bienvenida una reflexión sobre las causas del fracaso escolar y de la difícil inserción laboral de la población más joven.
Pero el guantazo mayor lo reciben los servicios generales de la administración pública, hasta el punto de situar a nuestros funcionarios en el vagón de cola de la eficiencia y productividad europea, en compañía de los sospechosos habituales. En este caso Grecia, Italia y Eslovaquia. Nuestras administraciones son percibidas como instituciones demasiado burocratizadas que ofrecen resultados muy pobres y escasamente acordes a la inversión realizada.
Lo que ocurre es que la acción de las políticas públicas, en cuanto a sus resultados concretos mucho tiene que ver también con su interacción con otros elementos institucionales y regulatorios que frecuentemente las acompañan y no siempre remando en la misma dirección.
Poco margen y responsabilidad tienen los profesionales de la función pública cuando los cambios legislativos en política educativa son constantes, la implicación de las familias en la formación de los hijos a menudo es escasa, la calidad y seguridad de la justicia se discuten socialmente, las regulaciones de mercados no favorecen la competencia o los niveles de corrupción política y económica son asfixiantes.
A veces la burocracia crece por la necesidad de imponer mayor control o atender necesidades imprevistas. En otros casos es la consecuencia de pugnas competenciales entre administraciones, de la desconfianza del usuario o de la defensa de intereses corporativos. Incluso resulta de malas prácticas de gestión de los bienes públicos. En cualquier caso, son los responsables de custodiar y administrar los recursos financiados por todos quienes mejor rendición de cuentas deben ofrecer a la sociedad. Jamás deberíamos renunciar a este derecho.
Pero si queremos evitar sofocos a cada nueva presentación de informe por parte de organismos económicos internacionales, parece importante comprender bien la influencia que la calidad institucional tiene en la eficiencia económica y la cohesión social. Las reglas del juego tienen que ser transparentes, asequibles, estables e iguales para todos y los mecanismos de supervisión tan eficaces como creíbles.
*Josep Lladós, profesor de Economía de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
