A pesar de ser una la única confesión religiosa que recibe fondos estatales para su actividad de culto, la Conferencia Episcopal apenas informa sobre una pequeña parte del dinero público que recibe. La Iglesia sólo lleva tres años auditándose, aunque desde 2007 la Conferencia Episcopal debe explicar a Hacienda cómo gasta la asignación que recibe por la casilla del IRPF, de alrededor de 250 millones de euros al año. Se comprometió a ello cuando acordó con el Gobierno recibir un 37% más de los impuestos de los contribuyentes (de un 0,52% a un 0,7%). No obstante, sólo divulga los grandes epígrafes y el documento técnico enviado al fisco no se hace público: Price Waterhouse Cooper firma la gestión de esa partida desde 2011, pero en la memoria justificativa publicada por los obispos españoles, con dos años de retraso, no hay un desglose real.
En cualquier caso, el dinero público que llega a la Iglesia vía IRPF es un porcentaje casi irrelevante sobre lo que, se calcula, obtiene a través de subvenciones directas, exención de impuestos o bonificaciones tributarias. Sin olvidar que hablamos de una adjudicataria estrella de las administraciones en educación y sanidad. No existe un cómputo global para todo ese trasvase de dinero público, por lo que no es posible conocer las verdaderas cuentas de la Iglesia española. Sólo queda rastrear, partida por partida.
Atendiendo al Portal de la Transparencia, la entidad que agrupa a 70 diócesis en toda España se ha quedado con más de cuatro millones de euros en subvenciones directas procedentes de de Ministerios, autonomías y entidades locales desde 2014. Cantidad estimada tras una tortuosa búsqueda en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, teniendo en cuenta que los adjudicatarios de la Iglesia responden a un sinfín de razones sociales: desde ermitas a arzobispados pasando por monasterios, catedrales, seminarios o conventos.
Entre los mayores trasvases de fondos a la confesión religiosa desde que el portal comenzó a sistematizar las subvenciones destacan la concesión de 1,2 millones de euros para mantener el culto en las cárceles durante tres años o un convenio con el Arzobispado de Madrid por el que Fomento aportó 400.000 euros para restaurar el Templo de la Virgen de la Paloma.
También se distinguen dos fuertes subvenciones nominativas al Obispado de Tenerife de 695.000 euros. Una de ellas se destinó a la restauración de la Catedral de la Laguna, y una segunda de igual cuantía se fue a la “Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas”.
No en vano la actividad archivística de la Iglesia es uno de los ámbitos más atendidos por las administraciones públicas por la vía de la subvención directa: según el registro, el mantenimiento de bibliotecas y equipamientos de archivos se hace con buena parte de los fondos estatales para obispados de toda España. Entre decenas de ayudas concedidas también sobresale un acuerdo con la Junta de Castilla y León para subvencionar a los Seminarios Menores Diocesanos y de Religiosos de la Iglesia Católica de toda la región: la administración autonómica invirtió más de 500.000 euros en un año para reforzar las necesidades de estos órganos dependientes del Obispado castellanoleonense.
Sin tener en cuenta los cientos de subvenciones a organizaciones católicas independientes ni las “ayudas de Estado”, la Conferencia Episcopal, obispados y arzobispados, seminarios, parroquias, conventos y monasterios, entre otros, se hicieron con la adjudicación de al menos 4.062.000 euros por la vía de a subvención directa en los últimos dos años y cuatro meses, y teniendo en cuenta sólo los adjudicatarios señalados.
No obstante, ya apuntábamos que los beneficios por capital público para la Iglesia van mucho más allá de esta cantidad. Según los cálculos de Europa Laica, la religión católica en España maneja unos 11.000 millones de euros anuales procedentes del bolsillo público, incluyendo la financiación de centros educativos y sanitarios de ideario católico, el gasto de los funcionarios capellanes, los trasvases para el mantenimiento su patrimonio o las excenciones de impuestos como el IBI, entre muchos otros conceptos.
Conventos, monasterios y coche eléctrico
Rastreando los subsidios que obtuvo la Iglesia durante los dos últimos años llama la atención el interés de sus órganos por los vehículos eficientes y eléctricos. Muy distintos niveles dentro de las diócesis católicas aparecen como beneficiarias del Programa de Incentivos al vehículo eficiente o eléctrico (PIVE). Estas ayudas no han sido contabilizadas en el recuento anterior sobre subvenciones directas a la Iglesia, por no tratarse de fondos relacionados con el mantenimiento del culto o del patrimonio inmobiliario y cultural de la Iglesia.
Pero decenas de seminarios, monasterios, obispados y colegios dependientes de la Iglesia han enviado al desguace su vehículo antiguo a cambio de adquirir coches eléctricos o más eficientes con el impulso del Gobierno. Es el caso de las Carmelitas Calzadas del Convento de la Encarnación o del Seminario Menor agustiniano, entre muchos otros, que aparecen como beneficiarios de ayudas por programas que van desde el PIVE 3 al PIVE 8, a cargo del Ministerio de Industria.
