España es el país europeo más demandado, y las multas pueden superar, por mucho, todo lo “ahorrado” por los recortes de ayudas a las energías limpias. Si hay algo en lo que PP y PSOE han colaborado para que España se parezca a Venezuela es en número de denuncias de inversores extranjeros por “inseguridad jurídica”. El Estado español es ya el segundo más demandado por empresas foráneas ante cortes arbitrales internacionales, solo superado por Venezuela, y el primero a nivel europeo. Y sin nacionalizar ningún bien o empresa: acumula 23 demandas de arbitraje en materia energética a causa del ‘hachazo’ a las renovables, iniciado en la pasada legislatura y continuado bajo el gobierno de Mariano Rajoy.
Aunque conocemos el número de demandas, es imposible calcular a cuánto ascienden las indemnizaciones que el Estado español debería afrontar en caso de que prosperasen. Una mera aproximación puede poner los vellos de punta: ya en 2014, cuando España acumulaba solo 7 litigios, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) calculó que el Estado se arriesgaba a tener que pagar algo más de 3.000 millones de euros para compensar a los inversores. En este momento hay el triple de denuncias.
La opacidad de los tribunales internacionales de arbitraje, la indefensión de los pequeños inversores en autoconsumo en comparación con las grandes empresas extranjeras y el apoyo incondicional de España a este tipo de arbitrajes inversor-Estado generan un perverso triángulo cuyas implicaciones es mejor tratar por partes:
Solo los grandes pueden ir a juicio
“Simplemente interponer una demanda ante una corte arbitral internacional implica un coste de unos 8 millones de euros”, sostiene Luis Rico, de Ecologistas en Acción. Denuncian que solo los grandes capitales pueden apelar a estos tribunales, mientras que las denuncias homólogas presentadas en España por el pequeño consumidor no están prosperando.
“Desgraciadamente, estas demandas tienen visos de prosperar”, lamenta Cote Romero, de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Y puntualiza: “Digo desgraciadamente con todo el sentido del término, porque si prosperan las 23 demandas contra el Estado español, y las que queden por venir, a los que nos va a tocar pagar es a todos los ciudadanos”. En este sentido, los defensores de las energías limpias en España se encuentran ante una rara disyuntiva: asumen como ilegítimos los recortes a las renovables, pero critican la asimetría en la defensa de los derechos del pequeño inversor español frente a los grandes fondos de inversión extranjeros.
“A nosotros nos resulta muy grave que España haya cambiado las reglas de juego a mitad de la partida, pero lo que nos parece gravísimo es que el derecho esté amparando a esas grandes transnacionales, incluso organizaciones como Abengoa, que ha podido domiciliarse en Luxemburgo y presentar una demanda a través de una corte arbitral”, denuncia Romero. Según el secretario general de la Anpier, Juan Castro, los autoconsumidores se comprometieron a invertir unos 20.000 millones de euros, de los que aún deben 18.000 millones.
Puesto que el Gobierno asume la legitimidad de tribunales de arbitraje internacionales entre inversor y Estado como el CIADI, Uncitral o la Corte de la Cámara de Comercio de Estocolomo, es de esperar que el Estado asumirá las indemnizaciones multimillonarias que puedan derivarse de sus 23 demandas. Sin embargo, no se compensarán las pérdidas del autoconsumidor. Los procesos en este tipo de tribunales suelen alargarse durante un mínimo de 4 años. Para el caso de las primeras demandas, interpuestas en 2011, es probable que el veredicto no se demore mucho más.
“Lo ahorrado en primas está en el cajón de pagar las indemnizaciones”
Cuando Zapatero decretó el recorte a las primas a las energías renovables en 2011, calculó reducirlas en unos 2.000 millones en los dos años siguientes. Al término, el actual ministro de Industria, José Manuel Soria decretó que el ‘hachazo’ para 2014 alcanzaría los 1.700 millones de euros. Se les recortó alrededor de un 30% respecto a lo que percibían anteriormente.
Pero todos esos miles de millones “ahorrados” podrían ser pocos para pagar las cantidades reclamadas en los arbitrajes. Según critica Castro, de Anpier, “lo ahorrado en primas a las renovables está en el cajón de pagar las indemnizaciones”. Pero todos los cálculos son a ciegas, puesto que la avalancha de demandas durante 2014 y la primera mitad de 2015 sumada a la opacidad de los procesos judiciales hacen imposible arrojar luz sobre la deuda que puede acumular España por el cambio en la ley.
Según explica Castro, Anpier pudo cifrar en unos 3.000 millones de euros las indemnizaciones que acumulaba España a fecha de febrero de 2014, al conocer las inversiones de las primeras empresas demandantes y sumar todas las ayudas a las que el Estado se había comprometido. Con la posterior avalancha de demandas “es imposible cifrar” el coste, insiste Castro.
Tribunales de arbitraje: una justicia paralela, privada y opaca
“El arbitraje de inversiones tiene lugar a puerta cerrada y no se adhiere a los principios básicos del derecho público”, denuncia el informe Los acuerdos internacionales de inversión a examen , a cargo de una red de plataformas sobre problemas globales y pobreza en la que participa Ecologistas en Acción. El mandato de estos tribunales se renueva cada vez que se firma un nuevo tratado de libre comercio, y sus críticos denuncian que “están compuestos por abogados privados en vez de por jueces independientes, un sistema del que solo pueden hacer uso los inversores extranjeros”.
De hecho, es cada vez más evidente que unos pocos bufetes y abogados acaparan todos los procesos, ahora convertidos en un verdadero lobby que presiona para mantener los sustanciosos beneficios de los litigios. Según sostiene Luis Rico, un magistrado en tribunales dependientes de órganos como el Banco Mundial puede percibir alrededor de un millón de euros por juzgar a un Estado que ha sido demandado.
Otra implicación del arbitraje es la presión sobre la capacidad legisladora de los propios Estados soberanos: “La experiencia demuestra que la sola amenaza de demanda inhibe la acción de los Gobiernos, un fenómeno conocido como ‘enfriamiento regulatorio’; en la práctica, los tribunales están asumiendo funciones estatales”, denuncia el informe. Por otro lado, estos procesos adolecen de una total falta de transparencia, el elemento clave para que, a día de hoy, no podamos conocer cuánto pagará España por haber cambiado “las reglas del juego a mitad de la partida”.
