Madrid llevará a la Fiscalía el caso de la jefa de servicios de Sanidad destituida por falsear contratos

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Madrid llevará a la Fiscalía el caso de la jefa de servicios de Sanidad destituida por falsear contratos

Salvador Victoria, portavoz del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid

Salvador Victoria presume de la rápida actuación del consejero Javier Rodríguez y dice que la investigación interna se trasladará al Ministerio Fiscal por si hay “algún indicio de delito”. La Comunidad de Madrid ha anunciado hoy que llevará a la Fiscalía el caso de la jefa de servicios de la Consejería de Sanidad destituida por falsear contratos. Según ha indicado el portavoz del Ejecutivo regional, Salvador Victoria, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el resultado de la investigación interna que se ha abierto para esclarecer el caso se trasladará al Ministerio Fiscal por si hay “algún indicio de delito”.

Victoria, que ha presumido de que el consejero Javier Rodríguez ha “procedido de forma inmediata al cese de la responsable” de esta situación, ha explicado que también se ha puesto en marcha una investigación para comprobar si lo ocurrido ha sido un caso aislado o si se han producido más hechos como este. Asimismo, ha indicado que lo que se averigüe se pondrá en conocimiento de la Fiscalía “por si hay algún indicio de delito”.

Ayer mismo saltaba la noticia de que la Consejería de Sanidad había destituido a Beatriz Gómez Mayor, la máxima responsable administrativa del departamento, por trocear, supuestamente, un contrato del Centro de Especialidades de Pontones, noticia de la que se había hecho eco El Mundo. Según este diario, el centro necesitaba una reforma que se presupuestó en 75.221 euros sin IVA, y según la ley aquellos trabajos que superen los 50.000 euros han de sacarse a concurso. Para evitarlo, Gómez Mayor habría troceado el contrato.

Una actuación que según dijo el propio Javier Rodríguez “no se puede permitir”, por lo que el consejero decretó el cese de la responsable y mandó iniciar una investigación interna para comprobar que no se han producido otras manipulaciones en los contratos.

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