Mientras que la Organización Médica Colegial critica la norma y pide que se incluya la malformación del feto entre los supuestos, el Consejo General de Enfermería evita pronunciarse al respecto. La reforma de la ley del aborto de Alberto Ruiz-Gallardón no sólo ha provocado tensiones en las filas del PP, sino también en el sector sanitario, ya que médicos y enfermeras están divididos ante la norma. Frente a la oposición de la Organización Médica Colegial (OMC), que cargado contra varios de los puntos de la ley y ha pedido que se incluya la malformación fetal entre los supuestos para abortar, el Consejo General de Enfermería mantiene una postura más neutral y elude cualquier enfrentamiento directo con el Gobierno.
En el sector sanitario no todo son críticas a la reforma del aborto. Aunque en las últimas semanas son varios los colectivos que se han alzado contra Gallardón y su norma, en especial los médicos, el órgano que representa a los profesionales de la enfermería no ha seguido la misma línea. En un informe elaborado por el Consejo General de Enfermería sobre la reforma del aborto, esta institución huye de cualquier polémica mostrando una postura tibia, e incluso destaca algún punto que a su entender es positivo.
Concretamente, en el documento elaborado por el Consejo, que ya ha sido remitido al Ministerio de Justicia, han quedado fuera los pronunciamientos negativos que habían hecho diversos colegios de enfermería provinciales sobre la reforma de Gallardón.
Los Colegios de Enfermería de Navarra, Baleares y Salamanca habían exigido al retirada de la norma por anular el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad, por contradecir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y porque, en su opinión, la actual ley de plazos garantiza la salud de las mujeres y de los recién nacidos de forma más eficiente que la ley de supuestos del PP. Unas valoraciones que ni siquiera se han incluido en el texto del Consejo, sino que se han adjuntado en anexos fuera del documento.
En su lugar, en el texto que aparentemente se muestra neutral, ya que según recoge la Cadena SER dice que el Consejo “entiende y respeta todas las opiniones y opciones que cada profesional pueda manifestar de forma individual ante la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo”, lo que realmente aparece es un apoyo a algunos puntos de la norma impulsada por el Gobierno.
Este órgano se inclina a favor de algunos argumentos esgrimidos por Gallardón, y va más allá al considerar que la regulación legal del aborto “corresponde al Poder Legislativo”, que debe tener en cuenta “la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional para la armonización de los derechos afectados”. Es más, incluso critica que los opositores aleguen “con alegría el derecho de la mujer a decidir libremente la interrupción del embarazo” cuando “hay sentencias del Constitucional que establecen que el nasciturus exige una especial protección”.
Asimismo, aplaude la decisión de Gallardón de incluir el reconocimiento de la objeción de conciencia, una figura a la que ahora podrán acogerse todos los profesionales sanitarios y no sólo los médicos y enfermeras directamente implicados en la interrupción del embarazo. Incluso hace hincapié en que el respeto por la vida, la dignidad y los derechos del ser humano son condiciones esenciales de la enfermería.
No obstante, aunque en el texto evita manifestarse sobre la supresión de malformación fetal, el Consejo ha decidido adjuntar un anexo sobre el tema en el que recuerda la Convención de la ONU sobre las personas con discapacidad.
Una postura muy diferente de la mostrada por otros sanitarios y en especial por la Organización Médica Colegial, que cree que la mujer no debe ser considerada enferma mental, que la decisión de abortar no debe estar en manos de terceros y que la malformación fetal debe ser incluida como supuesto. Asimismo, ha pedido que las menores puedan abortar solas en caso de conflicto grave y que la objeción de conciencia se limite a los médicos que practican la interrupción del embarazo.
