La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de la Comunidad de Madrid, que decía que las imputaciones eran “inverosímiles”, contra la querella de AFEM. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha recibido hoy el visto bueno de la Audiencia Provincial para seguir adelante con la investigación sobre las primeras privatizaciones de hospitales de la región, llevadas a cabo por Manuel Lamela y Juan José Güemes. Se trata del último varapalo que da la Justicia a Ignacio González, que había intentado ‘proteger’ a los que fuesen consejeros de Sanidad de Esperanza Aguirre presentando un recurso que ha sido desestimado.
Tras la suspensión cautelar de la externalización de seis hospitales decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el presidente regional se ha encontrado hoy con una nueva piedra en el camino. La Audiencia Provincial ha decidido desestimar el recurso presentado por la Comunidad contra la imputación de Lamela, Güemes y los dos altos cargos de la Consejería de Sanidad que hoy han sido cesados, Antonio Burgueño y Patricia Flores, en el que se decía que los argumentos ofrecidos por Sexmero eran “inverosímiles”.
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid imputó hace meses a los exconsejeros, al por entonces director general de Hospitales y a la ya exviceconsejera de Sanidad en el marco de la querella presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, fraude, malversación de caudales y delito contra la hacienda pública en las primeras privatizaciones de hospitales que se produjeron en la región.
Ahora la Sección Segunda de Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación del Gobierno autonómico y ha dado luz verde a la investigación contra Lamela y Güemes. Los magistrados, según recoge El País, estiman que los hechos objeto de la querella no aparecen como “totalmente inverosímiles”, como estimaba la Comunidad de Madrid.
Por tanto, la querella de los médicos seguirá su trámite habitual, ya que en opinión de la Audiencia a Sexmero “no le cabía otra opción que la de incoar diligencias previas” no sólo contra los exconsejeros, sino también contra los que eran altos cargos de Lasquetty y contra los representantes de cinco empresas que supuestamente se habrían beneficiado de las decisiones políticas (IDC Salud -antes Capio-, Ribera Salud, Unilabs, Asisa y la Fundación Jiménez Díaz UTE).
“Los hechos objeto de la querella no aparecen como totalmente inverosímiles, por lo que al mencionado juzgado de instrucción no le cabía otra posibilidad técnico-jurídica que la de incoar diligencias previas para determinar la naturaleza y las circunstancias de los hechos, y las personas que en ellos pudieran haber intervenido”, señala la Audiencia Provincial.
Además, explica que el auto desestimatorio responde únicamente al primero de los recursos presentados por los apelantes, por lo que todavía queda esperar a la resolución del segundo recurso presentado en este mismo procedimiento contra el auto del Juzgado de Instrucción número 4 que acordaba la práctica de determinadas diligencias de instrucción, entre ellas la declaración de los querellados, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Los imputados que presentaron el recurso de apelación en la Audiencia Provincial son: Patricia Flores, desde hoy exviceconsejera de Sanidad; Antonio Burgueño, que hoy ha sido cesado como director general de Hospitales; Víctor Madera, directivo de IDC Salud; Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad madrileño; e Iñigo Muñoz.
