El empresario de cabecera del PP en Castilla y León, origen de los graves disturbios en el barrio burgalés de Gamonal. Los graves disturbios vividos en el barrio del Gamonal de Burgos en las últimas noches han causado extrañeza por su virulencia (40 detenidos y una veintena de heridos) por lo que muchos medios de comunicación se han apresurado a dar las ‘claves’ ocultas para entender este estallido social.
Y es que las revueltas podrían parecer excesivas si se debieran únicamente a la intención del ayuntamiento de Burgos de reconvertir parte de la calle Vitoria en un bulevar, a pesar de que los vecinos se han opuesto frontalmente desde un inicio a un proyecto que restringirá el tráfico rodado y eliminará el aparcamiento gratuito en las calle, además de criticar el coste de la obra, entre 8 y 13 millones de euros un dinero que los vecinos creen se debería destinar a fines más sociales.
Sin embargo, el meollo de la cuestión, según hace notar larepublica.es, el principal foco de reticencias “es la adjudicación del proyecto a M.B.G. Ingeniería y Arquitectura SL, sita en el Edificio Promecal y propiedad de Antonio Miguel Méndez Pozo, viejo conocido del panorama de la corrupción por su condena por falsificación documental en el “Caso de la Construcción” de Burgos, por la que pasó dos años en la cárcel”.
Recuerda esta web que el propio alcalde Javier Lacalle, que entonces era concejal de Urbanismo, ya se vio implicado en 2006 en otra gran polémica al haber realizado un viaje a la Costa Azul francesa con todos los gastos pagados por varios constructores encabezados por el hijo de Méndez Pozo.
Y es que, como recuerda eldiario.es durante años, Miguel Méndez Pozo y sus amigos “manejaron las recalificaciones del Ayuntamiento, que controlaba el Partido Popular”, medio de comunicación que recuerda que “sus componendas con el Ayuntamiento llegaron a juicio” haciendo notar que “el propio José María Aznar –entonces presidente de la Junta de Castilla y León y líder regional del partido, además de amigo íntimo de Méndez Pozo– tuvo que declarar por sus estrechas relaciones con el constructor”.
En 1992, el alcalde fue inhabilitado y Méndez Pozo se llevó la condena más dura: siete años y tres meses de prisión. Solo cumplió nueve meses antes de salir de la cárcel en tercer grado.
