El colectivo en defensa de la Sanidad pública carga contra Ana Botella por haber hecho un contrato que no garantiza un servicio que toda la ciudadanía paga con sus impuestos. La Marea Blanca ha tomado partido en la huelga del servicio de limpieza de Madrid que ya ha cumplido su décimo día. El colectivo en defensa de la Sanidad pública ha criticado la privatización del servicio y ha defendido el derecho de los trabajadores a convocar paros ante los despidos previstos por las concesionarias. Asimismo, ha cargado contra la alcaldesa Ana Botella, a la que acusan de “mirar para otro lado” y no admitir su responsabilidad por haber impulsado un contrato que no garantiza un servicio que toda la ciudadanía paga con sus impuestos.
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM) ha emitido un comunicado en el que asegura que “la huelga de limpieza viaria y jardines de Madrid es un buen ejemplo de los desastres de la privatización de los servicios públicos”.
Este colectivo se muestra muy crítico con el Ayuntamiento que gobierna Botella, ya que tras dejar “en manos privadas estos servicios” ha recortado los presupuestos, lo que ha hecho que las empresas, para mantener sus beneficios, “carguen ese recorte sobre el personal” a través de “disminuciones de plantillas con los consiguientes despidos, rebajas salariales y aumento de los horarios”.
“Cuando los trabajadores reivindican sus derechos, las administraciones públicas miran para otro lado y argumentan que se trata de un problema entre trabajadores y empresas, como si no se tratara de servicios públicos que pagamos toda la ciudadanía, en este caso al Ayuntamiento de Madrid, que decidió subcontratar / privatizar el servicio, disminuir el presupuesto y desentenderse de los resultados”, critica ADSPM.
En opinión de la Marea Blanca, se trata de “una huelga justificada, que llena la ciudad de basuras sin recoger, falta de higiene y potenciales riesgos para la salud pública” ante los que Botella sigue impasible. “El Ayuntamiento de Madrid es el responsable de todo lo anteriormente expuesto y es quien debe garantizar, con servicios públicos suficientes, la prestación del servicio que toda la ciudadanía reclamamos y abonamos con nuestros impuestos”, afirma el colectivo.
Asimismo, ADSPM denuncia que esta privatización no está suponiendo más que “un grave empeoramiento de la calidad del servicio, múltiples negocios para los empresarios e innumerables recortes para los trabajadores”. Tal y como indica el colectivo, “sólo la gestión pública garantiza la prestación de servicios públicos fundamentales y de calidad”, por lo que “el Ayuntamiento debe resolver, con urgencia, la situación exigiendo a las empresas la garantía del servicio y, si son incapaces de hacerlo, asumir directamente el servicio público”.
