El partido de Mariano Rajoy no quiere saber nada en el asunto de las demandas por las preferentes, al asegurar que es el CGPJ o las comunidades autónomas que tienen competencias en materia de Justicia los que llevan la tramitación de este asunto. El Gobierno no quiere saber nada en el asunto de las demandas por las preferentes, al asegurar que es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o las comunidades autónomas que tienen competencias en materia de Justicia los que se encargan de cualquier refuerzo del personal de los juzgados que lleva la tramitación de este asunto.
Según Europa Press, así se lo dice a la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, quien, haciéndose eco de una información que citaba a fuentes del órgano de Gobierno de los jueces, criticaba que los medios de los que disponen los juzgados son “claramente insuficientes” a la luz de la “avalancha” de denuncias causadas por el caso de las preferentes.
En su respuesta, que recoge Europa Press, el Gobierno indica que las doce regiones con las competencias de Justicia traspasadas son las que deberán adoptar cualquier medida de refuerzo material o personal en dichos ámbitos territoriales.
Por su parte, en las regiones donde las competencias corresponden al Ministerio, hay actualmente 318 funcionarios interinos de refuerzo «por diversas y variadas causas», de los cuales 57 corresponden a la Audiencia Nacional, 10 funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, 40 de Tramitación Procesal y Administrativa y siete del Cuerpo de Auxilio Judicial.
Sobre un posible refuerzo en la Audiencia Nacional también pregunta la líder de la formación, a lo que el Gobierno responde que la normativa vigente prevé que «cuando el excepcional retraso o la acumulación de asuntos en un determinado juzgado o tribunal no puedan ser corregidos mediante el reforzamiento de la plantilla de la Oficina judicial o la exención temporal de reparto, el CGPJ podrá acordar excepcionales medidas de apoyo judicial consistentes en la adscripción de jueces y magistrados titulares de otros órganos judiciales mediante el otorgamiento de comisiones de servicio».
«Por lo tanto, es el Consejo el órgano que, una recibida la propuesta de la Sala de Gobierno y previo informe del Servicio de Inspección, aprueba la medida de refuerzo, que es remitida al Ministerio de Justicia para su autorización a efectos económicos», precisa la respuesta.
