Los pliegos para la privatización de hospitales no recogen ningún supuesto de indemnización para una situación como la actual: el concurso está adjudicado pero no ha culminado, ya que la Comunidad de Madrid y las adjudicatarias no han firmado los contratos. A pesar de que Ignacio González ha advertido de supuestos perjuicios para Ribera Salud, Sanitas y HIMA San Pablo si los tribunales declaran nulo el concurso, que obligarían al Gobierno regional a pagar una indemnización, en principio no tendría que haber compensación alguna.
Así lo ha indicado a EL BOLETÍN José Luis Muga, uno de los socios del nuevo bufete de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), Estudio Jurídico Liria. Según este abogado, “se ha producido una suspensión antes de que se ejecute por completo el concurso”, por lo que es “harto difícil que haya una indemnización”.
El letrado recuerda que, de acuerdo con los pliegos, habría que indemnizar a las empresas antes de la adjudicación si la Comunidad de Madrid se echase para atrás. Concretamente, en el apartado ‘Efectos de la propuesta de adjudicación, renuncia o desistimiento’ el Gobierno regional especificaba que “si antes de la adjudicación el órgano de contratación renunciase a la celebración del contrato o desistiese del procedimiento, deberá compensar a los licitadores por los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificación de su valoración económica”.
Asimismo, los pliegos reconocen que “la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a la Administración, mientras no se haya formalizado el contrato”.
De esta forma, ha dicho Muga, queda claro que no hay que compensar a los licitadores porque la adjudicación de los hospitales sí se llevó a cabo. Otra cosa hubiese sido si ya se hubiesen firmado los contratos, ya que el Régimen General de la Contratación Pública contempla indemnizaciones para estos casos que se aplicarían aunque no apareciese ese supuesto en los pliegos.
“Ahora estamos en una especie de limbo jurídico”, ha reconocido el letrado, que cree que el presidente madrileño ha hablado de compensar a las empresas porque “hay sentencias que sí han reconocido indemnizaciones en este momento”, con la adjudicación realizada pero sin que esté firmado el contrato. Pero para ello, ha señalado el letrado, tendría que haber una reclamación de Ribera Salud, Sanitas y HIMA San Pablo, con facturas que demostrasen los gastos que se han producido, y en ningún caso las indemnizaciones serían automáticas.
Los contratos debían firmarse, según los pliegos elaborados para la privatización de los hospitales, 10 días después de la adjudicación, que se llevó a cabo a finales de agosto. José Luis Muga cree el retraso “quizá se haya debido al verano”. “Corresponde a la Administración convocar a la adjudicataria para firmar el contrato”, aunque muchas veces se producen retrasos por temas de funcionamiento administrativo, ha explicado.
El letrado ha recordado que había muchos recursos a la espera de una resolución, y que se esperaba que llegase pronto, tal y como finalmente ha ocurrido (en tres semanas ha habido tres pronunciamientos judiciales contra las privatizaciones, que han derivado en la suspensión cautelar del proceso), aunque no cree que esa sea la causa real del retraso de la firma de contratos. No obstante, ha considerado que “no es mala cosa” que la Administración se hubiese rezagado porque hubiese muchos recursos pendientes que se sabía que se resolverían en breve.
