La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) ha exigido hoy a Javier Fernández-Lasquetty que anule los plazos que había impuesto para que el personal de los hospitales privatizados decidiese si quería seguir en esos centros o prestar sus servicios en otro lugar. Los médicos han recordado a la Consejería de Sanidad que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ha paralizado cautelarmente el proceso obliga a mantener las relaciones laborales como hasta ahora.
En una nota de prensa, los facultativos especialistas señalan que el departamento de Lasquetty “no ha revocado los plazos que dio al personal para adherirse a la nueva empresa o solicitar la movilidad”, un silencio por parte de la Consejería que “ha generado una situación de incertidumbre laboral en el personal, que no sabe cual es la situación actual en cuanto a los aspectos de Recursos Humanos y cómo les afecta la suspensión cautelar”.
AFEM indica que “una de las razones que avalan la decisión del TSJM de suspender cautelarmente el proceso hace referencia expresa a las opciones, decisiones y proceso de movilidad del personal de dichos hospitales, que de llevarse a cabo la privatización tendría unas consecuencias irreversibles”.
En este sentido, los médicos consideran que “es exigible que la Consejería de Sanidad se pronuncie específicamente sobre la paralización de los procedimientos de movilidad y los cambios de régimen jurídico de los trabajadores de los hospitales afectados”.
Sobre todo, afirman, porque “estableció unos plazos para que los trabajadores se pronunciaran acerca de los posibles traslados y no los ha revocado a pesar de tener ya dos autos de suspensión cautelar sobre el proceso”, el de ayer del TSJM y el de la semana pasada, que dictó el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid.
“En su auto el TSJM afirma que el servicio sanitario debe seguir siendo prestado como hasta ahora, por lo que el personal que presta servicios en dichos hospitales debe mantener la relación jurídica que les vincula sin modificación alguna”, recuerda AFEM.
Tras ello, los facultativos cargan contra la Consejería de Sanidad, que si “tuviera un mínimo de respeto hacia sus profesionales sanitarios, en lugar de generar confusión e incertidumbre laboral emitiría un comunicado aclarando todos los aspectos relativos a Recursos Humanos afectados por la paralización de la privatización”.
