La investigación iniciada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid sobre las privatizaciones de los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes ha quedado paralizada. El proceso, iniciado a raíz de una querella de la Asociación de Facultativos Especialistas (AFEM), ha sido suspendido momentáneamente ante el retraso del departamento que dirige Javier Fernández-Lasquetty al enviar la información requerida por el magistrado Marcelino Sexmero. Fuentes de la Consejería de Sanidad aseguran que se hará “esta semana”.
La consecuencia inmediata de esta paralización, dictada por el juez a través de un auto del que se hace eco El País, ha sido la suspensión de las declaraciones de los imputados. Concretamente, desde este viernes estaban citados dos altos cargos de la Consejería de Sanidad (la viceconsejero Patricia Flores y el director general de Hospitales, Antonio Burgueño), los exconsejeros Lamela y Güemes, así como los responsables de las empresas que se beneficiaron de la primera fase de las privatizaciones hospitalarias en la Comunidad de Madrid.
El juez había impuesto un calendario para estos interrogatorios tras admitir a trámite, a finales de junio, la querella interpuesta por la AFEM por presuntas irregularidades cometidas en el proceso para externalizar la gestión de los hospitales Infanta Elena de Valdemoro, el Rey Juan Carlos de Móstoles y el de Torrejón. Entre otras cosas, los médicos especialistas acusaban a Lamela y Güemes de haber cometido varios delitos, entre ellos malversación de fondos públicos, cohecho y prevaricación, al beneficiar “los intereses de empresas privadas, en detrimento del sistema público”.
En el auto que recoge el diario del Grupo Prisa, fechado el pasado 30 de agosto, el juez Sexmero asegura que ha suspendido los interrogatorios a los imputados porque no cuenta con “toda la documentación requerida por auto de 20 de junio pasado”. La Consejería de Sanidad ha reconocido que aún no ha mandado al magistrado la información que le solicitó. “Esta semana” se acabará de mandar la documentación, ha asegurado un portavoz a El País.
La declaración de Patricia Flores estaba prevista para este viernes 13 de septiembre, mientras que Antonio Burgueño estaba citado el día 18. El responsable de la Fundación Jiménez Díaz (propiedad de IDCSalud), Juan Antonio Álvaro de la Parra, debía declarar el día 20; y el presidente o consejero delegado de Capio Sanidad (ahora IDCSalud) estaba citado el día 23.
Por su parte, el responsable de Ribera Salud debía comparecer el 27 de septiembre, mientras que el 1 de octubre estaba llamado a declarar los responsables de Unilabs y Asisa. Por último, para el día 2 estaba previsto el interrogatorio a Lamela y Güemes.
Presiones del Fiscal
Asimismo, el juez Marcelino Sexmero deja claro en su auto que también ha tomado esta decisión “a la vista de la solicitud” formulada por la letrada de la Comunidad de Madrid para suspender los interrogatorios, y después de haber recibido cinco informes del Ministerio Fiscal en pleno mes de agosto.
En estos informes el fiscal, Salvador Ortolá, se adhiere a los recursos presentados por los imputados en los que solicitan que se cierren las diligencias, explica el magistrado Sexmero. Concretamente, el Ministerio público carga contra el juez y le acusa de “formar una causa general” que está “prohibida en nuestro ordenamiento”.
El Ministerio Fiscal, según recoge El País, considera que AFEM no ha acreditado ser ofendida o perjudicada por los hechos y que los hechos delictivos no se explicitan ni se atribuyen a personas concretas. Es más, indica que las diligencias que ha ordenado el juez -información de tipo económico, mercantil, de facturación y administrativa- tienen “carácter prospectivo” y parecen encaminadas “a la búsqueda de algún descuadre”.
