En el plazo de un par de semanas, varias decisiones del Tribunal Supremo han contribuido a aumentar la desconfianza de los ciudadanos ante una Justicia que parece ser ‘especialmente’ suave con los políticos.
Se trata de ‘casos’ distintos y, por lo tanto, las argumentaciones que han empleado los magistrados son diferentes, pero la impresión que queda es esa. Esta semana, dos ex ministros se han visto beneficiados por la actuación de los jueces del máximo tribunal español.
El socialista José Blanco fue el primero. En este caso el Supremo archivo su ‘causa’ al encontrar que no había pruebas suficientes para sustentar la investigación de un posible delito de tráfico de influencias.
El siguiente ha sido Jaume Matas. En este caso, el Supremo ha rebajado su condena de seis años a nueve meses de prisión, lo que evita que el ministro del PP entré en prisión, a pesar de que se acepta como acreditado que ‘sobornó’ a un periodista.
Pero no sólo el Supremo muestra esta magnanimidad, otras instancias ligadas al sistema judicial y penitenciario también parecen ser proclives a conceder un cierto trato de ‘favor’ a los políticos pillados en malos pasos.
Poco antes, dos antiguos altos cargos del Gobierno catalán Enric Roig y Antoni Herce, ligados a CiU, que presidieron los Ferrocarriles de la Generalitat conseguían el régimen abierto sólo 48 días después de entrar en la cárcel para cumplir una condena de cuatro años por ‘malversación de fondos’.
Y ese tercer grado se le concedió, a pesar de que ambos ‘beneficiarios’ sólo han devuelto unos 646.000 euros. Ni la cuarta parte de los 2,7 millones que defraudaron, según quedó demostrado en su juicio.
La ‘liberación de Matas’, además, tiene algunos elementos añadidos que todavía complican más el panorama. Por ejemplo, el hecho de que la ‘corrección’ efectuada por el supremo afecta al juez José Castro, de la Audiencia de Palma, que ahora se encarga del ‘caso Noos’, donde vuelve a figurar Matas, pero también Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina.
¿Será un aviso? Probablemente no, pero la impresión que queda en el ciudadano es muy parecida a esa. Con algún agravante más, como el hecho de que la condición de aforados de muchos de ellos que les lleva directamente a ser juzgados por el propio Supremo.
O, lo que quizá sea peor, la idea latente de que la justicia no es igual para todos e incluso de que determinados políticos, o ciertos empresarios consiguen ‘juicios a la carta’, gracias a sus conexiones partidarias.
Como, por ejemplo, el proceso que se ‘montó’ con jurado popular, gracias al cual Francisco Camps fue absuelto del delito de cohecho impropio por los trajes que, presuntamente, le había regalado la trama Gúrtel. Decisión que, por cierto, posteriormente, el Supremo refrendaría.
