Javier Fernández-Lasquetty sólo ha tardado dos días en presentar las alegaciones de la Comunidad de Madrid a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que el pasado miércoles decretó la suspensión cautelar de la privatización de hospitales al aceptar un recurso presentado por el PSM. El consejero ha argumentado ante la Justicia que los socialistas no tienen “legitimidad” para reclamar la suspensión del proceso porque no son una parte directamente afectada por el mismo.
Según ha explicado el consejero de Sanidad a la prensa tras la presentación del protocolo ‘Código Infarto Madrid’, la Comunidad de Madrid ha presentado esta misma mañana sus alegaciones a la decisión del TSJM, que pivotan sobre varios argumentos fundamentales.
Entre ellos, según recoge Europa Press, la Consejería de Sanidad ha indicado que la corrección del error en la expresión de la frase que recogía los requisitos de garantías de las aspirantes a la externalización de los seis hospitales, hecho que suscitó la reclamación del PSM, favoreció la concurrencia de empresas al concurso para externalizar la gestión de seis hospitales de la región.
Asimismo, el consejero ha aseverado que en esas alegaciones se expone que el PSM “sólo tiene un interés político y partidista” y que, según las jurisprudencia del propio TSJM, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, los socialistas no tienen legitimidad para interponer el recurso puesto que deben ser partes directamente interesadas en el proceso las que lo hagan.
Las alegaciones de la Consejería de Sanidad indican también, tal y como ha relatado Lasquetty, que el recurso del PSM es “contradictorio” en sus argumentos y que los socialistas emplean una estrategia de “acoso judicial” contra el proceso de externalización, puesto que este partido solicitó la suspensión cautelar no en el momento de conocer las condiciones de los pliegos, sino cuando sabía que iba a cerrarse el proceso.
La Comunidad de Madrid también asegura en el texto registrado hoy en el TSJM que “mantener la suspensión cautelar” supondría un “perjuicio” para los madrileños porque impediría la aplicación de una medida de ahorro y sostenibilidad del sistema sanitario.
