La Marea Blanca ha recibido con entusiasmo la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de suspender de manera cautelar el proceso de privatización de los hospitales impulsado por el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty. Tras conocer la noticia, los distintos colectivos que se sitúan contra el plan del Gobierno regional han mostrado su esperanza en que la justicia ponga fin al proyecto.
La Asociación de Especialistas Facultativos de Madrid, una de las plataformas que comenzó la lucha contra esta privatización, ha manifestado durante todo el día en su perfil de Twitter la confianza en que el proceso de marcha atrás. “Hoy puede ser un gran día”, se puede leer en uno de sus comentarios escritos poco después de conocerse el auto del TSJM. “Cautelarisimas aceptadas, querellas a trámite… Uhmmm”, ‘tuiteaba’ más tarde la asociación con la etiqueta #SISEPUEDE.
Además, el colectivo se hacía también eco de los comentarios de otros defensores de la Sanidad Pública que inundaban la red social de ‘microblogging’ de ‘tuits’ acerca de la suspensión cautelar del proceso de privatización. Sin embargo, también señalaban, con cierta cautela, que la guerra aún no está ganada y que quizá lo más importante de todo es que por fin, gracias al juez, Lasquetty va a tener que explicar los motivos por los que la Consejería de Sanidad decidió reducir el aval exigido a las empresas que se presentaban al concurso de adjudicación.
La modificación supone una considerable reducción del importe exigido, pues se pasí de pedir un aval del 5% de la adjudicación total del contrato a un 5% del anual, lo que supone una reducción del 90% del importe, ya que la concesión se había fijado por 10 años.
Esta ha sido la base para que el magistrado suspendiera cautelarmente el proceso de privatización de hospitales al aceptar la petición del PSM, por lo que se paralizó de inmediato la adjudicación de seis centros a Sanitas, HIMA San Pablo y el consorcio formado por Ribera Salud, OHL y El Corte Inglés. Los socialistas reclamaron esta medida debido a una modificación de última hora en los pliegos de los contratos. Cuatro días antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó como corrección de errores un cambio en el aval que debían presentar los adjudicatarios.
De momento, Lasquetty ha asegurado esta tarde que lo que se recoge en el texto del TSJM es una suspensión provisional “de unos días” para que el Ejecutivo regional presente sus alegaciones a la demanda de los socialistas. El consejero de Sanidad convocó a la prensa de urgencia tras conocerse el auto, pero no ha explicado el porqué de los cambios en las exigencias. Se ha limitado a asegurar que con esta modificación no se cambiaron las condiciones del concurso, sino que “se modificó un error” conforme a lo que “la ley sostiene que hay que hacer” en estos casos.
La decisión del TSJM también ha sido bien recibida por los sindicatos, que han asegurado que esperan que se ponga fin a los planes de Lasquetty. En sendos comunicados, UGT y CCOO han valorado positivamente el auto y esperan que prospere la intervención de la Justicia para frenar y dar marcha atrás a la privatización sanitaria. Están de acuerdo también en que la decisión de dicho tribunal ha puesto en cuestión el proceso privatizador del Gobierno regional.
En este sentido, UGT mantiene que el “auto demuestra que el Gobierno Regional ha actuado contra los intereses de la ciudadanía madrileña y de los profesionales de la sanidad regional, por lo que debe replantearse y rechazar la propuesta que ha hecho de privatizar la sanidad”. Mientras que desde CCOO se considera que “cuestiona, una vez más, un proceso de privatización cargado de anomalías y en contra de los intereses de la ciudadanía”.
El sindicato UGT ha querido señalar también la importancia de que “se hayan tenido en cuenta las demandas presentadas solicitando la paralización del proceso de privatización de los seis hospitales madrileños” y ha recordado que ellos mismos denunciaron en su momento las consecuencias pues, en su opinión, “el Gobierno Regional ha actuado contra los intereses de la ciudadanía madrileña y de los profesionales de la sanidad regional”.
Por su parte, CCOO ha destacado la oposición de la ciudadanía contra los planes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y un malestar que ha quedado demostrado “en las multitudinarias Mareas Blancas, la diversidad de recursos y reclamaciones que desde diversas instancias políticas, sociales y sindicales se han presentado”.
Pero este frenazo no es el primer golpe de la Justicia al plan privatizador, el pasado 21 de junio, el juez de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, admitió a trámite una querella presentada por la AFEM contra nueve personas, entre ellas los ex consejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, por presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación para la gestión sanitaria externalizada de los tres hospitales de la Comunidad de Madrid: Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz.
En concreto, los querellantes acusan a los exconsejeros de la comisión de supuestos delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de causales públicos.
