Ana Mato ha decidido ‘liberalizar’ el turismo sanitario y derivarlo a los hospitales privados. La ministra de Sanidad tiene previsto aprobar un decreto que regule la atención sanitaria a los ciudadanos europeos en España, en el que se indica que el Gobierno pasará a los estados de procedencia de los pacientes los gastos generados. Asimismo, permitirá a los españoles acudir a otro país a operarse si su comunidad supera los límites de espera, y en este caso los costes serán asumidos por la autonomía.
Según el borrador del Real Decreto por el que se establecen las normas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza, que se puede consultar en la web del Ministerio, esta nueva normativa supondrá “la introducción de una buena dosis de liberalización y de competencia en el sector, lo que conlleva una significativa oportunidad para la sanidad privada y un doble reto para el sector sanitario público”.
El nuevo marco legal afecta de forma directa a los proveedores de asistencia sanitaria, tanto públicos como privados, puesto que la Directiva europea que se transpone “no hace diferencia entre los que están vinculados a los sistemas de Seguridad Social y Sistemas Nacionales de Salud y los que no lo están, y cualquiera de ellos puede ser elegido por los pacientes”.
Una norma que el departamento que dirige Ana Mato ha lanzado en previsión de “una mayor movilidad de los ciudadanos europeos por motivos sanitarios. Ello será favorable tanto para el sector privado como para el público si saben adaptarse a la nueva situación de liberalización”, sobre todo teniendo en cuenta que una de las principales bazas de la economía española es el turismo.
Según el borrador del decreto, “la asunción de los gastos derivados de la asistencia sanitaria transfronteriza por los Estados obligados a ello tiene como límite la cuantía que habría asumido dicho Estado si la asistencia sanitaria se hubiera prestado en su territorio, sin exceder del coste real de la asistencia efectivamente prestada”.
Asimismo, “el reembolso de los gastos se limita a la asistencia sanitaria establecida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, siendo la comunidad correspondiente la obligada a asumirlo”. De esta forma, los Servicios de Salud de las comunidades deberán hacer frente, por un lado, al posible incremento de pacientes provenientes de otros Estados miembros y, por otro, habrán de rembolsar los gastos de sus afiliados que decidan ser atendidos en otro Estado de la Unión.
En este sentido, el Ministerio de Sanidad establece que cuando la atención sanitaria no pueda prestarse en territorio nacional o de la correspondiente comunidad autónoma en un plazo que sea “médicamente justificable”, el paciente podrá operarse en otro país de la UE siéndoles reembolsados los gastos, de acuerdo con la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS).
No obstante, se establece un sistema de autorización previa para el reembolso de los gastos de la asistencia sanitaria transfronteriza, los supuestos en los que se requerirá la misma, el procedimiento previsto y las posibles causas de denegación de la autorización. De esta forma se permite el turismo sanitario, pero estará bajo control.
Por último, la norma que pretende impulsar Ana Mato señala que del ámbito de aplicación del proyecto quedarán excluidos “los cuidados de larga duración, la asignación y trasplante de órganos, así como los programas de vacunación pública”.
