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La PAH carga contra la nueva ley del alquiler porque “persiste en vulnerar el derecho a la vivienda”

Miembros de la PAH
Miembros de la PAH
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) no sólo se opone a la ley hipotecaria del Gobierno. Este colectivo ha cargado también contra la nueva ley del alquiler, aprobada ayer en el Congreso gracias a la mayoría del PP, porque “persiste en la vulneración del derecho a la vivienda”.

“Primero concedieron hipotecas abusivas. Luego desahuciaron, se quedaron con los pisos y continuaron reclamando una deuda criminal. Con la entrada en vigor de la nueva ley de alquiler (LAU) se anteponen de nuevo los intereses de los nuevos propietarios, los bancos, por encima del derecho a una vivienda digna de la ciudadanía”. Así justifica la PAH su oposición a la nueva norma, que entre otras cosas permite el desalojo exprés, reduce las ayudas y limita la duración de los contratos.

El colectivo anti-desahucios carga contra la ley, que fue aprobada ayer pese a las críticas de toda la oposición, porque asegura que “atenta contra la seguridad jurídica de los inquilinos”. Bajo la excusa de ‘dinamizar el mercado de alquiler’ el Gobierno ha dado luz verde a esta reforma que según la PAH traerá nuevos problemas a la ciudadanía.

“En el actual contexto de crisis los desalojos por impago de la hipoteca y los desalojos por impago de alquiler son dos caras de una misma moneda: la vivienda como mercancía”. Una tragedia que se verá incrementada con esta norma, que “modifica la legislación de arrendamientos urbanos y la legislación de enjuiciamiento civil sin tener en cuenta la condición socio-económica de los inquilinos”.

Para la Plataforma, la reforma tiene dos finalidades básicas. Primero, al reducir de 5 a 3 años el contrato de alquiler y facilitar los incrementos ilimitados de la renta favorece la inseguridad de las familias, que “difícilmente podrán proyectarse de forma mínimamente estable en un hogar”. Además, la reforma “desvincula la actualización de la renta del aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC) y prevé que arrendador y propietario decidan “libremente” qué criterio aplicar”.

En este sentido, dice el colectivo, “después de ver los abusos generados por la supuesta libertad contractual en el ámbito hipotecario, no sería de extrañar la firma de contratos de alquiler con criterios de actualización de la renta manifiestamente inalcanzables. A ello se suma la incorporación de nuevos motivos que posibilitan la interrupción del contrato de alquiler y que significan una mayor vulnerabilidad del inquilino”.

Por otro lado, la PAH considera que al “permitir los desahucios por impago de un solo mes de alquiler y crear un registro de morosos en el que durante 6 años constarán los datos de las personas que no han satisfecho las rentas del alquiler”, el Gobierno “vulnera el derecho a la intimidad y la protección de datos y condenará las personas afectadas a la exclusión habitacional”, algo que “supone un paso más en la criminalización de las personas afectadas por la crisis”.

Para este colectivo, la LAU no hará más que crear problemas porque no tiene en cuenta “la situación de las familias que con motivo de la crisis ven materialmente imposible pagar el alquiler” y “tampoco establece ninguna diferencia entre los impagos que afectan a grandes propietarios y entidades financieras y los impagos de alquiler que repercuten en pequeños propietarios”.

“En el contexto actual, una política de este tipo resulta suicida y se aleja notablemente de las prácticas de los países más avanzados en la materia, donde además de disponer de un parque de vivienda social de alquiler en el que alojar a las personas empobrecidas, se contemplan medidas de intervención en el mercado privado de alquiler”, asevera el colectivo.

En su opinión, para ‘dinamizar el mercado de alquiler’ bastaría con “forzar el alquiler social de las viviendas en manos de grandes propietarios y de entidades financieras, cuando menos de las que están siendo apuntaladas con recursos públicos”, sobre todo cuando las propias entidades bancarias reconocen tener en propiedad más de un millón de viviendas vacías.
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