Justo cuando el Gobierno negocia con Bruselas una flexibilización del objetivo de déficit para 2013, que podría situarse en torno al 6% del PIB, frente al 4,5% propuesto inicialmente, la sentencia del Tribunal Supremo echa un jarro de agua fría sobre estas aspiraciones.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, reunida en Sala General, se ha pronunciado por primera vez sobre la última reforma laboral aprobada por el Gobierno, confirmando la anulación del expediente de regulación de empleo (ERE) llevado a cabo por la empresa Talleres López Gallego.
Y el hecho de que el Alto Tribunal español dicte una sentencia en contra de la reforma que aprobó el Ejecutivo del PP en el mercado laboral no es baladí, habida cuenta de que la Comisión Europea tampoco no está nada convencida de su idoneidad.
En particular, Bruselas pide al Gobierno de Mariano Rajoy que revise la reforma laboral aprobada el año pasado para garantizar que cumpla los objetivos de «más eficacia y reducción de la dualidad del mercado laboral, mayor flexibilidad interna, un proceso de negociación salarial que garantice un mejor alineamiento de los salarios con las condiciones económicas, más empleabilidad de los jóvenes y mayor uso de contratos fijos».
Aumentan los ERE en Madrid
Pero la sentencia del Tribunal Supremo ha sido la única noticia relacionada con la reforma laboral y el tratamiento que hace de los Expedientes de Regulación de Empleo que se ha conoció hoy, ya que CCOO denuncia que con la nueva normativa los ERE han aumentado un 140% en la Comunidad de Madrid
Según este sindicato “hasta febrero de 2013, los empresarios madrileños (sin contar los comunicados en el Ministerio Empleo y Seguridad Social), han aplicado 2.643 ERE, frente a los 1.090 que se realizaron en los doce meses anteriores, que significan 1.553 ERE más y un aumento del 140%.”
CCOO denuncia que “en lo que se refiere a los Expedientes de Regulación de Empleo, muchos empresarios han aprovechado las facilidades que esta normativa ha dado para reducir plantillas y llevar a miles de trabajadores al paro, trasladando así, los costes salariales a los presupuestos públicos al promover expedientes que en muchos casos no están justificados.
Respecto a los trabajadores afectados, 41.987 personas han pasado por alguna de estas regulaciones de empleo, frente a los 31.490 del año anterior a la reforma, que significan 10.497 más, es decir un 33% más, y la media de trabajador por empresa ha pasado de 29 a 16, lo que indica que está aumentando los ERE en las pequeñas empresas donde el control sindical y de la representación de los trabajadores es menor.
La facilidad para despedir de forma colectiva implantada por las dos últimas reformas laborales, pero especialmente en la de 2012, están teniendo unos resultados claros en los ERE, como lo demuestra que 486 empresas madrileñas han aplicado extinciones de contratos en el año de vigencia, frente a los 275 que se aplicaron un año antes, es decir 211 más, que supone un incremento del 77%.
Por lo que se refiere a las personas afectadas por los expedientes de extinción –sin contar con los despidos objetivos individuales-, se ha despedido a 11.414 personas frente a las 8.152 del año anterior, es decir 3.262 más, que supone un incremento del 40%.
También han aumentado las otras dos medidas utilizadas en los ERE. Las suspensiones de contratos, que han sido 792, frente a los 400 de hace un año, lo que significa un 98% más, aunque han afectado a 663 personas menos (-4,5%), pasando de 14.601 a 13.938, al disminuir el tamaño de las empresas que los utilizan. Mientras, las reducciones de jornada aumentan tanto en lo que se refiere a las empresas, pasando de 454 a 1.365, es decir 911 más, lo que supone un incremento del 200%. Las personas afectadas también crecen, pasando de 8.592 a 16.628, 8.036 más, es decir un 93,5% más.
