Esperanza Aguirre inició hace unos días una campaña para exigir una regeneración de la política que acabe con el ambiente de corrupción y evite que pueda perjudicar la recuperación económica. Un proceso que está dispuesta a liderar, aunque por el camino parece haber olvidado que alguno de sus empresarios de confianza, como Gerardo Díaz Ferrán, se encuentra en prisión tras haber sido acusado de un delito de alzamiento de bienes en Marsans.
En los últimos días son muchas las voces que han criticado a la ‘lideresa’ por querer convertirse en adalid de la regeneración política. La presidenta del PP de Madrid ha insistido en que este proceso es “imprescindible y fundamental” para acabar con la indignación popular que han despertado los múltiples casos de corrupción conocidos en los últimos días.
Unas declaraciones que han despertado más de un recelo porque, según se comenta en los mentideros políticos, Aguirre quiere hacer ver que no tiene ninguna relación con los temas de corrupción, cuando precisamente alguno de los empresarios más cercanos a la expresidenta de la Comunidad de Madrid han cometido delitos y se encuentran en la cárcel.
Son muchos los que recuerdan estos días la figura del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, que ingresó en prisión el pasado mes de diciembre acusado de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible por la crisis y el vaciamiento de Marsans. El juez impuso una fianza de 30 millones de euros, que precisamente la semana pasada fue rebajada a 10 millones, cuantía todavía elevada ante el riesgo de fuga del empresario.
La buena relación que mantenía la ‘lideresa’ con el que fuese presidente de la patronal española no ha quedado en el olvido, ni siquiera por parte de la jefa de los populares madrileños, que el mes pasado reconocía que quizá habría que seguir la fórmula de Díaz Ferrán, “trabajar más y ganar menos”, para salir de la crisis. Todo ello a pesar de que Aguirre prefirió quedarse al margen y no ayudar al que había sido uno de sus grandes apoyos cuando se le vino encima el ‘caso Marsans’.
Lo cierto es que Díaz Ferrán, que había realizado importantes aportaciones económicas a la fundación del PP de Madrid, Fundescam, llegó a la presidencia de la CEOE, según dicen las malas lenguas, gracias a las presiones ejercidas por Esperanza Aguirre. Unas buenas relaciones que no pasaban inadvertidas, y que incluso llevaron a Díaz Ferrán a asegurar ante un micrófono que creía cerrado que la presidenta del PP era “cojonuda”.
Aunque este no es el único caso que Aguirre pretende dejar a un lado. La trama Gürtel, en la que varios miembros del PP de Madrid se vieron implicados, es otro de los temas que la ‘lideresa’ pretendería obviar. Sobre todo cuando las últimas informaciones publicadas por El País apuntan que la red movió más de 120 millones de euros en las instituciones públicas, de los que cuatro corresponderían a cientos de contratos de la Comunidad de Madrid que dirigía Aguirre con la trama.
Además, su amigo y vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, podría estar detrás del pago de retribuciones en negro a los trabajadores de su grupo de restauración, Grupo Cantoblanco. Extrabajadores y empleados en plantilla han acusado al también líder de los empresarios madrileños de pagar complementos de responsabilidad y horas extra con dinero en B.
