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El PP consigue tener enfrente a jueces, médicos y profesores

El PP consigue tener enfrente a jueces, médicos y profesores
A pesar de haber logrado la mayoría absoluta en las urnas, poco le ha durado al PP el apoyo de los ciudadanos. En menos de un año de Gobierno se ha puesto en contra a colectivos tan importantes como los jueces, médicos y profesores. Además, los nuevos recortes que el equipo de Mariano Rajoy ha preparado en los Presupuestos de 2013 le auguran unos meses más que movidos.

Madrid ha sido el epicentro de las movilizaciones contra la política de recortes del Ejecutivo de Mariano Rajoy. En este primer año en La Moncloa, quienes más dolores de cabeza han dado al presidente del Gobierno han sido los profesores, padres y alumnos de la Marea Verde. Las movilizaciones emprendidas por este colectivo contra Esperanza Aguirre cuando ocupaba la presidencia de la Comunidad de Madrid traspasaron al ámbito nacional con la llegada del PP al poder.

Rajoy y su ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, no hicieron más que aumentar la escisión entre la comunidad educativa y los populares, un cisma que además se extrapoló a los estudiantes y los padres gracias a medidas tan controvertidas como la supresión de Educación para la Ciudadanía, el aumento de tasas universitarias o una reforma con la que Wert aseguró que pretendía “españolizar” a los niños catalanes.

El Gobierno ha ‘sufrido’ en los últimos meses numerosas movilizaciones de la Marea Verde, aunque la más ‘sonada’ ha sido la última protesta, una huelga general estudiantil de tres días a la que acabaron por sumarse los padres. El 16, 17 y 18 de octubre el Sindicato de Estudiantes paró contra la intención de Wert de “desmantelar” la enseñanza pública con sus recortes, a la que se sumaron los padres el último día, después de que la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) convocase los primeros paros de este colectivo en la historia de la democracia. Esta movilización conjunta acabó, como no podía ser de otro modo, con una masiva manifestación por el centro de Madrid, a la que además se sumaron profesores y otros colectivos que defienden los servicios públicos.

Entre ellos el de la Sanidad, cuyos trabajadores también han escenificado en la capital del Estado su descontento con los recortes del PP. No sólo con los del Gobierno central, que suscitaron numerosas protestas al dar a conocer la reforma con la que se dejaba fuera del Sistema Nacional de Salud a los extranjeros y se instauraba el copago de medicamentos según la renta, sino también contra los más recientes del Ejecutivo presidido por el sucesor de Esperanza Aguirre, Ignacio González, que ha introducido la tasa del euro por receta y ha anunciado la privatización y reconversión de numerosos hospitales de la capital.

Estas medidas han provocado una movilización sin precedentes de la comunidad sanitaria en Madrid, con concentraciones, encierros y manifestaciones de ‘batas blancas’ con las que médicos, enfermeras, pacientes y demás ciudadanos han mostrado desde el finales de octubre su rechazo a lo que consideran una privatización de la Sanidad pública. Un ‘levantamiento’ encabezado por el céntrico hospital madrileño de La Princesa que tuvo su punto álgido en la manifestación que el 18 de noviembre recorrió las calles de Madrid, y que tal y como han anunciado los trabajadores seguirá adelante hasta que el PP revierta sus recortes.

A ellos se han sumado ahora los jueces y fiscales, que han cargado duramente contra la falta de inversión en la Administración de Justicia, la descoordinación en la gestión, la congelación de plazas, los recortes salariales y estatutarios y la existencia de control político de los órganos de gobierno del Poder Judicial. Por ello, han amenazado con adoptar medidas de presión, como paros, huelgas o concentraciones para defender al sector de los recortes acometidos por el ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón.

Unas protestas que, tal y como han anunciado, se mantendrán en los próximos meses debido a la implantación de las nuevas tasas judiciales a través de la Ley 10/2012 publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que grava todos los procesos judiciales, ya sea a personas jurídicas o a personas físicas.
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