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La crisis golpea a Zapatero y el PSOE le fuerza un giro político

La UE obliga al Gobierno español a cambiar su política económica.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no olvidará nunca los acontecimientos que le han golpeado con dureza en este año 2010 que encara su recta final. Un periodo en el que, tras el deterioro prác­ticamente imparable de su popularidad y de las expectativas de voto del PSOE, los ‘barones’ y los pesos pesados de su partido se han conjurado para restarle poder y aupar a la vicepresidencia a Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero todo empezó antes, en primavera, cuando Bruselas le obligó a cambiar de política.
El miércoles 12 de mayo de este año, en la sesión de control del Gobierno que se celebraba en el Congreso de los diputados, el político socialista visiblemente tocado por los últimos acontecimientos de los que había sido protagonista, certificaba el giro radical que iba a imprimir a la política aplicada por su Ejecutivo.
La austeridad, los recortes de gasto y la adopción de medidas de ajuste fiscal que tranquilizasen a los mercados eran la nueva prioridad. Se acabó el aroma social del que había hecho gala hasta la semana anterior al situar como centro de sus preocupaciones la defensa de las clases desfavorecidas y más golpeadas por la crisis económica.
El fin de semana anterior, en Bruselas, según se cuenta, el presidente español había recibido advertencias muy concretas de sus colegas europeos, encabezados por la canciller de Alemania, Angela Merkel, que le exigían que emprendiera el camino de los recortes del gasto para apuntalar al euro y a la Unión Europea (UE). Aun a costa de sacrificar el crecimiento económico del país y de alejarse, conscientemente, de la senda de resolución del principal problema de España; el constituido por una tasa de paro del 20%, que situaba a este país como líder del ranking del desempleo en el Viejo Continente.
Incluso se supo que hasta el presidente de EEUU, Barack Obama, le había llamado por teléfono para exigirle que impulsara un severo recorte del déficit público, hasta volver a situarlo antes del final de 2013, por debajo del 3% del PIB, tal y como exigen las normas de la UE.
La crisis de la deuda de la eurozona, iniciada por los ataques contra Grecia unos meses antes, había terminado con la permisividad de las autoridades comunitarias sobre el cumplimiento de este criterio de convergencia.
La mirada de Bruselas se fijó, sobre todo, en los países periféricos, o PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, por sus siglas en inglés), que según el consenso generalizado, eran los principales culpables de la primera gran crisis a la que ha tenido que enfrentarse el euro.
En el caso de España, el gasto derivado del impacto de la crisis necesario para alimentar los mecanismos de estabilización social, como el seguro de paro, por ejemplo, habían demolido el superávit presupuestario acumulado entre 2004 y 2007, hasta convertir la cifra en un -11,1% a finales de 2009.
Y por todo esto, como explicábamos al principio, dos días después de de la conclusión de aquel duro fin de semana, Zapatero, desde la tribuna del Congreso de los Diputados desgranó su nuevo plan.
Una larga letanía que cambió, por el momento, la trayectoria de sus políticas de Gobierno y supuso el principio del fin de una etapa en la que Zapatero había ejercido el poder como monarca absoluto tanto en el Gobierno como en el partido.
En resumen, el presidente anunció una rebaja del 5% en el sueldo de los funcionarios, la congelación de las pensiones, la eliminación del cheque bebé y severos recortes en la Ley de Dependencia, en la Ayuda al Desarrollo y en la inversión pública. Además, de anticipar la puesta en marcha de reformas en los ámbitos laborales y de pensiones orientadas hacia la sostenibilidad del estado del bienestar.
Eufemismo bajo el que, según los sindicatos, por ejemplo, se esconde el inicio del desmantelamiento de los sistemas de protección social. El desencanto del electorado de izquierdas se vio incrementado por otros hechos.
Zapatero no ofreció contrapartida alguna a cambio de esta exigencia de esfuerzos adicionales a la población.
A pesar de que desde algunos puntos de vista, como el que queda reflejado en el ratio deuda-PIB (ver gráfico inferior), los números de España muestren cierto margen para afrontar, con buena capacidad de pago, un eventual aumento del déficit, la debilidad del mercado laboral pesa más. Lo mismo que las cuentas, en general desequilibradas, de los gobiernos autónomos y las haciendas locales a quienes ahora el Ejecutivo exige esfuerzos de re­ducción del déficit que, fi­nalmente, repercuten en todos los ciudadanos.
El presidente no abordó, por ejemplo, el dibujo de una minirreforma fiscal que aumentase los impuestos a los ricos. Los agravios se sumaban. Incluso dentro del propio PSOE. En el partido empezaban a escucharse voces críticas que acusaban al líder de estar rodeado de un equipo poco competente, con ministras y altos cargos partidarios, como Bibiana Aido o Leire Pajín, incapaces de cumplir con su cometido.
Por eso no reaccionó a tiempo ante el endurecimiento de la situación económica y hasta había llegado a prescindir de Pedro Solbes. Un vicepresidente económico que, tras salir del Gobierno, ha conseguido mantener su prestigio casi intacto quizá porque sus desacuerdos con el jefe del Ejecutivo fueron notorios en la última etapa de su tormentosa cohabitación.
La crisis de credibilidad, en el caso español, también fue alimentada por una oposición en racha. Las encuestas han certificado a lo largo del año el avance imparable de un PP que no acusa en intención de voto los brotes de corrupción partidaria que se han multiplicado en su entorno, con casos como el ‘Gürtel’ o el ‘Brugal’ que, entre otros cosas, ponen en el ojo del huracán a barones con peso en el partido como Francisco Camps o Esperanza Aguirre.
La distancia a favor de la oposición conservadora llegó a superar los 14 puntos de ventaja. Mariano Rajoy parecía cada vez más cerca de la mayoría absoluta. Había que reaccionar.
Mientras tanto, en la calle, los dos mayores sindicatos españoles, UGT y CCOO, deciden distanciarse del Gobierno, con el que hasta el momento habían mantenido una relación casi idílica, y comienzan a anunciar protestas en contra de las medidas de austeridad anunciadas por Zapatero. La huelga general del 29 de septiembre fue la culminación de un verano tenso entre la administración de Zapatero y los representantes sindicales. Aunque el seguimiento del paro no fue masivo, la sequía de las fuentes tradicionales del voto socialista se acentuaba.
Llegados a este punto, a tenor de las versiones del suceso que se han publicado en las prensa española, empieza a fraguarse un pacto entre ‘barones’ del PSOE y personalidades partidarias, al que hacíamos referencia antes. Como resultado de esta alianza que busca restar poder a Zapatero y mejorar las posibilidades electorales de esta agrupación tanto en las elecciones locales del próximo año como en las generales de 2012 se produce la primera derrota importante del presidente desde que consiguió convertirse, contra todo pronóstico, en el número uno del partido tras derrotar a José Bono, el favorito del aparato, en un complicado congreso.
Tomás Gómez el secretario general del Partido Socialista de Madrid, se convierte en el candidato socialista a la comunidad tras vencer en las primarias a la entonces ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, señalada por Zapatero como su preferida para el puesto. La regeneración había empezado.
El siguiente paso es el cambio en el Gobierno. Lo que parecía destinado a ser un reajuste menor para permitir que el ‘quemado’ ministro de Tra­bajo, Celestino Corbacho, abandonara el Ejecutivo y se convirtiera en candidato en las elecciones catalanas de no­viembre se transforma en una sacudida en toda regla.
Rubalcaba emerge como vicepresidente primero, ministro y portavoz sin perder su cartera de Interior. Un verdadero ‘consejero delegado’ destinado a gestionar la complicada situación. El terremoto afec­ta también al partido. Allí, Marcelino Iglesias sustituye como secretario de organización a Leire Pajín. El cambio lleva a Trinidad Jiménez al Ministerio de Asuntos Exte­riores y a la locuaz Leire Pajín al Ministerio de Sanidad. ¿Un posible premio a su lealtad para con el líder?
Tal vez. Quien no lo obtiene, sin embargo, es María Teresa Fernández de la Vega, sin duda la política que más cerca ha estado de Zapatero durante todos estos años. Ella ha perdido la vicepresidencia primera y la portavocía a cambio de una dulce jubilación en el Consejo de Estado. Tam­poco el controvertido Miguel Angel Moratinos, canciller saliente aún sin destino conocido. Otras ministras como Beatriz Corredor o Bibiana Aido se mantienen en calidad de secretarias de Estado a las órdenes de José Blanco y Leire Pajín respectivamente. Y, en Trabajo, uno de los departamentos más complicados emerge la figura de Valeriano Gómez, un antiguo secretario de este Ministerio que acudió a la manifestación convocada por los sindicatos el 29 de septiembre como colofón de la jornada de huelga general.
Junto a Gómez, recientemente elogiado en clara clave electoral por Duran y Lleida en el Congreso, aparece otra figura clave. El veterano político vasco Ramón Jáuregui, recuperado desde su anterior destino en el Parlamento de Estrasburgo, para ocupar la cartera de Presidencia y encargarse de la coordinación del Ejecutivo.
La tarea, que hasta ese momento había realizado María Teresa Fernández de la Vega resulta clave. Una de las críticas más reiteradas que había recibido el Ejecutivo en los meses previos a la remodelación era la facilidad con la que unos ministros tenían que desmentir a los otros en determinadas espirales de declaraciones contradictorias que incluso forzaron en algún caso la intervención final del propio Zapatero.
El cambio de Gobierno produce un impacto casi inmediato en las encuestas. Pero, para la mayoría de los observadores, la suerte del PSOE depende ahora de su capacidad de demostrar que sus altos cargos destinados en la Adminis­tración tienen las ideas claras y saben lo que hay que hacer para luchar contra la crisis económica.
Y quizá también de que esta empiece a remitir. Al fin y al cabo, de momento, Zapatero comparte su mala suerte con casi todos los presidentes del mundo que ocupan el cargo en estos momentos en los que las turbulencias más que apuntar hacia el regreso de la calma parecen aumentar. Desde Obama, que acaba de sufrir un severo varapalo en las elecciones a medio término, hasta Merkel o Sarkozy. Todos ellos se encuentran en cifras históricamente bajas de aceptación popular. Alguno, como el laborista británico Gordon Brown, simplemente está fuera.
Algo que lamentará muy especialmente el presidente español. En 17 marzo de este año, Zapatero, entonces presidente de turno de la Unión Europea (UE) hizo un favor a Brown. Aceptó posponer la discusión sobre el endurecimiento de las normas que afectan a la actividad de los ‘hedge funds’ que suponían serias dificultades para la City londinense, que acapara el 80% de los servicios financieros de Europa y ahora vuelve a estar de actualidad a raíz de la crisis irlandesa. Brown pretendía no empeorar más sus expectativas electorales y favoreció a un sector que apostaba decididamente por su rival, el conservador David Cameron que, finalmente se impuso en la batalla.
La apuesta por el caballo perdedor en este caso ha tenido unas consecuencias muy negativas para España. Tam­bién para el mismo, como con­tábamos al principio de este artículo. Quizá con una legislación más dura, el ejército de los especuladores financieros no habría podido propiciar la intensidad con que se presenta la actual mutación de la crisis, que afecta ahora a la deuda soberana y que, como relatábamos antes, provocó a finales de mayo el inicio del ‘vía crucis’ por el que aún transita el presidente es­pañol.
Sin embargo, en los meses transcurridos desde aquel cambio radical, las medidas adoptadas empiezan a notarse. El recorte de gastos se ha dejado sentir y la posición exterior, siempre sin dar nada por cerrado, ha mejorado levemente. Por supuesto, a costa de sacrificar crecimiento como de­muestra el estancamiento re­gistrado en el tercer trimestre de este año, lo que parece confirma que España saldrá de la crisis después que otros países europeos y el empleo tardará muchos años en recuperarse.
Sin embargo, el Tesoro español tiene, por ahora, una posición algo mejor que la que ocupan sus viejos compañeros en desgracia de Grecia, Portugal e Irlanda.
Aunque ni consigue reducir distancias con Italia, situada en el punto intermedio hacia la primera división, ni escapar por completo de la sombra de la sospecha que los especuladores sitúan una y otra vez en el ámbito de los baqueteados países de la periferia europea.
En esta difícil situación, el impulso de las multinacionales españolas ha resultado también decisivo. Las grandes empresas hispanas, algunas de las cuales han protagonizado importantes operaciones ex­pan­sivas en plena tormenta, han sido un factor de estabilización con el que tampoco han contado las otras naciones bajo sospecha. En este aspecto, muchos expertos aseguran que, justamente ahora, cuando quizá sea el momento en el que más se necesita, se recogen los frutos de la apuesta por Latinoamérica que realizaron empresas como Telefó­nica, Santander o BBVA, entre otras, en la última década del siglo pasado.
El subcontinente, en general, con Brasil como punta de lanza se muestra fuerte y con economías capaces de crecer entre las turbulencias, lo que aporta en estos tiempos un importante diferencial a las cuentas de resultados de las grandes empresas españolas.
Y, mientras Asia y La­tinoamérica parecen confirmar su buen momento en los últimos indicadores publicados, los países desarrollados están justamente en la situación inversa.
Y, cuando casi todos los expertos señalan que sería necesaria una mayor integración de las economías para buscar salidas conjuntas a los problemas, parece que lo que vuelve es el proteccionismo y la búsqueda de soluciones individuales que, en ocasiones, pueden estar basadas en el empobrecimiento del vecino.
Este podría ser uno de los motivos de las convulsiones que, desde principios de noviembre se vuelven a vivir en los mercados de deuda soberana de los países periféricos de la UE, con Irlanda como nuevo eslabón débil de la cadena, una vez que en primavera se formalizó el rescate de de Grecia.
Aunque, siempre según la óptica del experto a quien se consulte, hay quien añade más culpables al empeoramiento de la situación: la Reserva Federal de EEUU (Fed), por un lado,y a la canciller alemana Angela Merkel y al presidente galo Nicolas Sarkozy por otro, y al Banco Central Europeo (BCE) por el otro.
La Fed al aumentar la dependencia de la economía estadounidense en dinero prestado, Merkel y Sarkozy al pedir la revisión del Tratado de Lisboa para incluir un fondo permanente de ayuda a los países en quiebra -es decir, que existe ese riesgo-, y el BCE al no hacer contra todo pronóstico absolutamente nada ante todos estos acontecimientos.
Para algunos observadores, la opción adoptada por el Banco Central de EEUU es la correcta. Busca impulsar la economía con sus inyecciones de capital adicionales y generar demanda para propulsar el crecimiento. Creen que los grandes países, lo que pueden permitírselo porque el mercado les ‘autoriza’ a endeudarse a precios muy bajos, tienen que impulsar su consumo interno para ‘tirar’ de la economía mundial y facilitar a todos los demás el camino de salida.
Lamentablemente, España no se encuentra en esta situación. Más bien al contrario. En este caso, el camino de las reformas, laboral, financiera y de pensiones, la reducción del déficit y todo lo que se relacione con la austeridad necesaria para demostrar solvencia a los mercados, pueden resultar ineludibles.
Pero, quizá en estas dificultades actuales se encuentre el germen de un posible futuro florido y luminoso para la economía del país. Así, magnitudes como la tasa de ahorro, que se acerca ahora al 20%, pueden ser la semilla de la inversión que permita arrancar la máquina, una vez que se haya aligerado el peso del endeudamiento que pesa sobre ella.
Para lo cual, también habrá de completarse la reforma financiera (ver apoyo), sobre todo en el sector de las cajas de ahorro, en el que las complicaciones son variadas y no se avanza a la velocidad que el Banco de España considera necesaria. Aunque en el sector no se opine lo mismo.
Y en este complicado marco de actualidad económica y política, que afecta tanto a España como al resto del mundo, la pregunta que muchos ese hacen a día de hoy es si existe o no el riesgo de que desaparezca el euro.
Es poco probable que eso suceda, pero cada vez existen más expertos que hacen gala de cierto excepticismo. “La UE cree que puede utilizar la crisis para fortalecer la unidad de la región, pero no se da cuenta de que está sucediendo lo contrario; los alemanes no quieren pagar por las deudas de los griegos y los españoles tampoco quieren hacerlo por los gastos irlandeses”, explicó un inversor suizo a EL BOLETÍN. “Se fomenta cada vez más el nacionalismo, y eso se verá en todas las elecciones que se celebren próximamente”, comentaba a su vez un analista cercano a la polémica.
Finalmente, sólo cuando el crecimiento se restaure y vuelva a generarse empleo desaparecerán todos los posibles riesgos. Pero, de momento, las cifras que se conocen sobre esta magnitud macroeconómica no ofrecen mucho espacio para el optimismo.
En relación a España, las opiniones de los expertos son más bien positivas dentro de esta ola de pesimismo generalizado. Marc Rudolf Von Rohr, del fondo de inversión alternativa New Trend Capital Partners Ltd., aseguró a este periódico que las medidas de ajuste probablemente han devuelto parte de la confianza a España.
Sin embargo, mientras se mantenga el azote del desempleo, el país seguirá en el punto de mira (ver gráfico pág.12) . Y, como hemos reiterado varias veces a lo largo de este artículo, la solución no será inminente. De hecho podría retrasarse.
Un reciente informe de Fedea apuntaba algunas posibles líneas de trabajo para avanzar. El texto incidía en la importancia de acabar con la temporalidad de los contratos laborales, de regular la negociación colectiva e incrementar el esfuerzo en políticas de empleo. Además, estos expertos se han mostrado muy críticos con la reciente reforma laboral. No creen que tenga efectos apreciables al no restringir la capacidad de crear contratos temporales, por lo que apuestan, una vez más, por el contrato único indefinido.
Los analistas de Fedea insisten en señalar que los altos costes del despido tienen una influencia radical sobre el problema estructural del empleo que sigue sin resolver. Una opinión que comparten muchos expertos, aunque también hay otros que señalan que habría que aprovechar este mal momento para cambiar el modelo productivo.
Pero antes, habría que recuperar el ritmo de crecimiento económico, al menos hasta llegar a esa cifra mágica del 2% anual por encima de la cuál empieza a crearse empleo, según la posición más extendida al respecto entre los analistas económicos.
Y, ¿cuánto tiempo hará falta para conseguirlo? Aunque, la respuesta quizá no sea taxativa, si volvemos a fijarnos en el consenso de los analistas, tal vez, podamos aventurar que serán necesarios, al menos otros dos años, para que el tejido productivo recupere la vitalidad pérdida.
Claro que hay otra condición previa para que este cronograma se cumpla. Se trata de que, al menos en 80%, el ritmo de recorte de déficit previsto por el Ejecutivo pueda llegar a cumplirse. Algunos expertos, como el gobernador del Banco de España han llegado a insinuar que ni siquiera con los duros ajustes puestos en práctica por el Gobierno en los últimos tiempos será suficiente.
A la vuelta de las vacaciones de verano de este año, se convirtió en un elemento de vivo debate la discusión entre quienes pedían a los responsables económicos españoles la elaboración de un ‘Plan B’ de recortes de gasto por si resultaba necesario aplicarlo y quienes, como la vicepresidenta Elena Salgado, argumentaban que si había que aplicar de nuevo las tijeras se haría, pero que era necesario esperar y ver los resultados reales de las medidas aplicadas hasta ahora, antes de pensar en otro grupo de rebajas adicionales.
Llegados a este punto, en lo que unos y otros coinciden es en la necesidad de consolidar esa credibilidad que parece haber ganado España ante los mercados con unos costes políticos tan elevados, para José Luis Rodríguez Zapatero, como los descritos en el arranque de este reportaje.
Y, lo malo para los países como España, considerados débiles por las brigadas de la especulación internacional es que la fragilidad de los sistemas financieros de Europa y EEUU, perfectamente conocida por los operadores, se mantiene y que mientras está situación no cambie, difícilmente cambiará el panorama o cesarán los ataques a la deuda soberana de los países periféricos que han marcado el año.
El caso de Irlanda, aparentemente en vías de resolución en el momento en que cerramos este número, es una prueba objetiva de esta situación. La debilidad de los bancos de la Isla verde son una amenaza para los dos sistemas financieros de la UE más castigados por la crisis el alemán y el británico.
Y, quizá de forma paradójica o quizá no, los problemas de algunos de los bancos que hace no tanto eran los principales actores del negocio en la UE y han tenido que ser nacionalizados ahora, no repercuten en la cotización de los bonos públicos de sus estados. Lo hacen en los de aquellos países a cuya deuda están más expuestas estas entidades financieras. Tal vez, ese sea el motivo, por el que algunos ‘bloggeros’, quizá más suspicaces de lo que sería conveniente, califican los distintos rescates organizados hasta ahora en la UE como tramos del gran rescate bancario que se necesita realizar cuyo coste, tanto en el ámbito de lo monetario como en la posible pérdida de derechos sociales recae en los ciudadanos de países que recibieron durante años ayudas europeas y consiguieron crecer por encima de la media con la ayuda de estos fondos de cohesión.
Y, mientras a la población de la UE se le exigen sacrificios inmediatos, el sector financiero consigue una y otra vez que se le alarguen los plazos previstos para que entre en vigor una nueva regulación, más dura y exigente con los requerimientos de capital que sirva para prever situaciones como las que han generado la crisis actual.
El pasado mes de septiembre se aprobó por fin un borrador de este nuevo conjunto de normas que ya se conoce con el nombre de Basilea III. Según lo previsto en él, se obligará a los bancos a triplicar su capital de calidad Pero la entrada en vigor real de estas reglas endurecidas no llegarán hasta el final de la década que acaba de iniciarse. De hecho, comenzarán a implantarse entre el año 2013 y el 2019, una prórroga que obtuvieron las entidades gracias a la presión ejercida sobre las autoridades por el poderoso ‘lobby’ financiero internacional.
Estas medidas afectarán sobre todo a la banca de inversión. En otras palabras; a las entidades estadounidenses y a las alemanas, principalmente. En palabras de María José Mori, analista de entidades financieras de Moody´s, “el impacto de Basilea III en la banca española será más moderado al ser ésta una banca de perfil minorista con un peso muy reducido del negocio de banca de inversión”.
Los debates en torno a la crisis de deuda y a la solvencia de la banca internacional, ya tratados en la reunión de presidentes que se celebró a finales de junio en el G-20 de Toronto, fueron también los temas preponderantes en el G-20 de Seúl celebrado a mediados de noviembre.
Pero esta vez con un añadido; que también hemos mencionado ya, la llamada ‘guerra de divisas’ que mantienen las principales potencias exportadoras del globo. En otras palabras, China, EEUU y Ale­mania.
En cualquier caso, las grandes expectativas ante este encuentro volvieron a verse defraudadas en parte. Al menos sobre el papel, los líderes del mundo se comprometieron a no manipular sus monedas en perjuicio de los demás.
En el comunicado final de la cumbre los líderes asumen el compromiso de abstenerse de adoptar “devaluaciones competitivas” así como a no “mantener tipos de cambio por debajo de sus cifras de equilibrio por motivos competitivos”.
Tras las enormes discusiones abordadas por los negociadores en los días previos al encuentro, en las que era imposible avanzar en una redacción conjunta relativa a la llamada guerra de divisas, el comunicado final incluye un texto muy genérico, que no va a cambiar las cosas a corto plazo, pero que igual logra el equilibrio de censurar tanto la política monetaria de China como la de EEUU. También se enmienda la plana a Alemania. Como es natural en el lenguaje diplomático, sin citar a nadie.
En este marco de incertidumbre y negociaciones a medio y largo plazo, los fondos de inversión de alto riesgo, también conocidos como ‘hedge funds’, han vuelto a ver negocio en Europa gracias, sobre todo, a la incertidumbre que vuelve a reinar en los mercados de deuda.
Según un informe mensual que elabora sobre esta industria UBS al que ha tenido acceso EL BOLETÍN, el lento crecimiento económico global que se espera a corto plazo ha impulsado un apetito por el riesgo en el mes de octubre que sólo se queda a un 11% de las cifras registradas antes de la crisis.
Pero, los ‘hedges’ no se limitan a operar en el mercado de deuda. Su acción se extiende a otros como los de materias primas sobre los que ha vuelto a aparecer la sospecha de que las últimas alzas de los precios tienen que ver, de nuevo, con la especulación. Y estas incertidumbres, sobre todo en Europa, vuelven a ser un poderoso argumento a favor de la integración. Asun­tos como la independencia energética (ver apoyo) parecen impostergables en el contexto actual.
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