Los despidos de los estibadores costarían más a las arcas públicas que 10 años de multa

La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar asegura que el gasto del Estado sería de unos 575 millones de euros, frente a los 22 millones anuales de la multa. Los estibadores advierten al Gobierno que sufragar los costes de los hipotéticos despidos – en caso de aplicar el real decreto de Fomento – supondría al Estado un gasto próximo a los 575 millones de euros. Lejos de los 22 millones de euros anuales que costaría la multa impuesta por Bruselas.
 
Ese es el aviso que han lanzado este martes desde la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, que no dudan en afirmar que “con lo que se quieren gastar (el Gobierno) en erradicar la profesión podrían pagar casi once años de multa”.
 
Por ejemplo, si se llevara a cabo prejubilaciones en el 20% de la plantilla (cerca de 1.400 trabajadores), como aseguran que se está barajando en altas instancias, el Ministerio de Empleo debería destinar 225 millones de euros para sufragarlas.
 
Además, en un comunicado enviado a este diario, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) incide sobre las ‘contradicciones’ que acechan al Ejecutivo de Mariano Rajoy, que por un lado garantiza “el 100% de los empleos de los estibadores” y por otro menciona la creación posterior al decreto de “un instrumento normativo alternativo” con el que “nos devolverá al mercado”, afirma la CETM.  
 
“Es sospechoso, este movimiento”, asegura la Coordinadora.
 
Por otro lado, los estibadores destacan que esta semana no habrá acuerdo posible en la estiba, “sencillamente porque Fomento no ha convocado una reunión de negociación”, a pesar de que empresarios y trabajadores, después del último encuentro, el 8 de marzo, solicitaron su presencia como única vía para la garantía de la resolución de este conflicto.
 
“No se trata de un problema entre patronal y estibadores -por otro lado más que acostumbrados a resolver sus diferencias de tal modo que han logrado que los puertos sean una de las industrias más productivas de este país- sino un conflicto derivado de un real decreto autoritario e intransigente que extingue la profesión de estibador, creado por el Gobierno”.