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La Justicia rechaza imputar a Chaves y Griñán en los cursos de formación

Manuel Chaves y José Antonio Griñán, expresidentes de la Junta de Andalucía
Manuel Chaves y José Antonio Griñán, expresidentes de la Junta de Andalucía
La juez María Núñez Bolaños asegura que “no existen indicios” de la participación de los dos expresidentes en la pieza que afecta al exconsejero de Hacienda.
La juez María Núñez Bolaños ha decidido no imputar a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Bajo el argumento de que “no existen en la causa indicios, al menos por el momento, de la participación”, los antiguos dirigentes no estarán investigados en la pieza separada de los cursos de formación que afecta al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda en relación con los 33 millones de euros que recibieron las empresas del grupo Prescal para la formación de los extrabajadores de Delphi.
 
En el auto al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada ha rechazado la petición realizada por la Asociación de Trabajadores de Delphi y a la que también se opuso la Fiscalía Anticorrupción. Y es que la Justicia ha considerado que las implicaciones que se les achacan “de momento no pasan de simples conjeturas”.
 
De hecho, la jueza ha desestimado que se persone como acusación particular a la Asociación de Trabajadores de Delphi, que “tan sólo será admitida como acción popular al no considerarse perjudicada por la posible comisión de ilícito penal, incluso podrían ser beneficiados a título lucrativo del mismo, sin perjuicio de lo cual, podrían personarse, si así se interesa, como acusación popular”.
 
De esta manera, Chaves y Griñán no serán imputados en esta pieza donde Anticorrupción ya explicó que, en esta causa, se investiga “la defraudación de subvenciones del entramado de empresas, asociaciones y fundaciones que bien de derecho, bien de facto, regenta Ángel Ojeda”. En concreto, las investigaciones apuntan a las subvenciones percibidas por el dispositivo Delphi y concedidas por la Administración andaluza “donde se simularon relaciones laborales inexistentes, permitiendo con ello de un lado reducir la conflictividad social en el área geográfica de la Bahía de Cádiz, y de otro lograr que un grupo de trabajadores incluidos en un dispositivo singular, siguieren percibiendo un salario con cargo a las subvenciones, sin prestar efectivamente trabajo por cuenta ajena”.
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