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La Fiscalía investiga si hay delito de odio en el autobús de Hazte Oír

Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír
Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír
Ordena una investigación urgente ya que una frase del bus podría ser constitutiva de un delito del artículo 510 de discurso de odio del Código Penal”.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha decidido abrir una investigación urgente respecto a la circulación por las calles de Madrid de un autobús fletado por HazteOir.org, por si su mensaje fuera constitutivo de un delito de odio contra los menores transexuales.

Así, la Fiscalía de Madrid ha acordado incoar diligencias de investigación sobre el autobús contra menores transexuales puesto en marcha por la organización ultracatólica por la posible comisión de delitos de odio recogidos en el artículo 510 del Código Penal, han informado fuentes fiscales.
 
Así consta en un decreto firmado por el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero Klink, después de que ayer la Delegación de Gobierno remitirá una denuncia contra la campaña de la citada plataforma ultracatólica tras pedir información sobre la tipificación delictiva a la Abogacía del Estado, tal y como informa Europa Press.
 
Al respecto, ha señalado que en la citada circulación de un autobús fletado “aparece una leyenda que podría ser constitutiva de un delito del artículo 510 de discurso de odio del Código Penal”.
 
“Visto su contenido y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º del vigente Estatuto del Ministerio Fiscal, se acuerda la incoación de las correspondientes Diligencia de Investigación y su remisión urgente a la Sección de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Madrid”, recoge el decreto.
 
Agrega que la remisión se produce para la incoación e instrucción de las correspondientes Diligencias de Investigación y, en su caso, se insten las medidas legales oportunas para la cesación de la conducción presuntamente delictiva”.
 
La Fiscalía ha recibido en las últimas 24 horas dos denuncias, que se han juntado en una; una por parte de la Delegación de Gobierno en Madrid, que denunció tras recibir un informe de la Abogacía del Estado; y otra de la Policía Municipal de Madrid, que ayer procedió a inmovilizar el autobús.
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