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¿Cómo ha empeorado el Gobierno de Rajoy los contratos a 10.000 investigadores universitarios?

Laboratorio científico
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Laboratorio científico (Foto: Jaime Pozas)

Que los contratos predoctorales pasen a ser ahora en prácticas supone que su duración máxima se reduce de cuatro años a dos y que no tengan indemnización, entre otros perjuicios.

El Gobierno ha empeorado la situación laborales de unos 10.000 de investigadores universitarios sin previo aviso, una medida que afecta a unas 10.000 personas, a las que IU se compromete a apoyar estudiando todas las demandas en defensa de sus derechos y a poner en marcha las iniciativas políticas que sean necesarias en todos los ámbitos parlamentarios para buscar soluciones".
Y es que para la responsable federal de Ciencia y Universidad de Izquierda Unida, Carmen Domínguez, "resulta especialmente grave que estos cambios afecten a un colectivo nada más y nada menos que de unas 10.000 personas, que no han tenido ningún aviso previo y que en ningún momento han podido expresar su opinión hasta que todo ya estaba en marcha".

IU recuerda que el Gobierno de Mariano Rajoy ha cambiado sin su conocimiento ni consentimiento la codificación de los contratos predoctorales de estos investigadores, un "escándalo que ha saltado a la luz cuando un buen número de estos investigadores han acudido a solicitar la tarjeta sanitaria europea para seguir con su formación fuera de nuestro país y han comprobado el cambio unilateral de contrato". Haciendo notar que "la Seguridad Social también está procediendo a aplicar esta modificación, además, con efectos retroactivos, modificando la vida laboral de los afectados y sin comunicárselo".

IU no se cree las "las excusas lanzadas desde el Gobierno del PP" y deja claro que "no estamos ante un simple cambio de código en el contrato -que pasa del 401 al 420-, sino de una drástica modificación del mismo, que varía de obra y servicio a un contrato en prácticas, con lo que conlleva de importante reducción de los derechos laborales".

La representante de Izquierda Unida denuncia que en este caso además del "oscurantismo administrativo con el que se ha ejecutado todo" son aún más graves las consecuencias prácticas que a corto y medio plazo tendría para los investigadores. E informa que el hecho de que los contratos predoctorales pasen a ser ahora en prácticas conlleva "una duración máxima de dos años frente a los cuatro que dura un contrato predoctoral normal, que no tengan indemnización por fin de contrato o que no se pueda legalmente contratar personal con experiencia previa en el mismo campo".

Tampoco pueden acceder a la tarjeta sanitaria europea, y según han advertido los sindicatos durante estos días, otro de los problemas que supondrá a los investigadores es que al terminar su período de trabajo no pueden volver a tener otro en prácticas con una firma privada, lo que afecta a su entrada al mercado laboral, al tiempo que les cierra la puerta a la posibilidad de reclamar un contrato indefinido.

Carmen Domínguez denuncia que "pese a su estado de propaganda permanente, el Gobierno de Rajoy demuestra en temas importantes como éste lo poco que de verdad les importa que avance la investigación en nuestro país y la situación laboral y personal de los investigadores", ya que "en lugar de mejorar y consolidar sus condiciones, se les precariza aún más y se echan por tierras las pocas mejoras conseguidas con mucho esfuerzo en 2012".

Y concluye que "ni el locuaz ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ni la triunfalista ministra de Empleo, Fátima Báñez, y no digamos nada del propio Rajoy, pueden sentirse muy orgullosos de cómo han gestionado no sólo este asunto, sino el conjunto de la investigación en nuestro país durante estos años de gobierno".

Pero no sólo IU anuncia iniciativas parlamentarias en relación a esta reforma, el PSOE ya ha pedido la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo de Méndez de Vigo, para que explique la modificación llevada a cabo en los materia de contratos predoctorales en las Universidades que, a su juicio, ha precarizado la situación de miles de investigadores

Asimismo, los jóvenes afectados, concretamente los de la Universidad de Granada han comenzado una campaña para recoger firmas a través de Change.org pidiendo al Gobierno que se restituyan los contratos que tenían anteriormente, a través de la cual el viernes ya habían recogido casi 57.000 apoyos.
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