Greenpeace considera insuficiente la normativa que prepara el Gobierno que obliga a los comerciantes a cobrar las bolsas y reclama que se prohíba su uso. Greenpeace considera insuficiente el proyecto de real decreto que prepara el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, por el cual los comercios españoles podrían tener prohibida la entrega gratuita de bolsas de plástico a los consumidores en sus puntos de venta a partir del 1 de enero de 2018, fecha a partir de la cual cobrarían un precio mínimo según el espesor de la bolsa.
La ONG recuerda que “son estas bolsas menos gruesas, conocidas como “bolsas ligeras” (de grosor inferior a 50 micras), las que suponen el grueso del consumo tanto en España como en la UE y son además las que menos se reutilizan, por lo que se convierten casi de forma inmediata en un residuo tras unos pocos minutos de uso”.
Y afirma que “de hecho, las usamos una media de 15 minutos y, con suerte, quedarán 50 años en el medio ambiente si las condiciones de luz y temperatura son las adecuadas para ese plazo”, ya que “si queda enterrada en el campo, flotando en el agua o atrapada en el lecho marino los tiempos pueden ser mayores”, lo que este colectivo ecologista considera “un precio demasiado alto para un objeto totalmente innecesario”.
Para agravar aún más la situación, Greenpeace subraya que “estas bolsas son además las que menos se reciclan, y con una previsión de aumento en su consumo, los océanos, ríos y campos ahogados en plásticos piden a gritos que se tomen medidas ya”.
Recuerda Greenpeace que la semana pasado el Gobierno presentó un proyecto de Real Decreto para la implementación de la Directiva Europea que nos obliga a tomar medidas para limitar el uso de bolsas de plástico ligeras no biodegradables, cuyo objetivo es que a 31 de diciembre de 2019, el consumo anual de estas bolsas de no supere las 90 unidades por persona y que, a 31 de diciembre de 2025, el consumo anual de estas bolsas no supere las 40 unidades por persona. Y explica que para llegar a ese objetivo, a partir de 2018 estas bolsas dejarán de ser gratuitas y se cobrará por ellas un precio que puede variar entre los 5 céntimos y los 30 céntimos dependiendo del grosor de la bolsa y si es o no compostable.
“Sin bolsa, gracias”
La ONG ambientalista reconoce que el real decreto en el que trabaja el Departamento que dirige Isabel García Tejerina se ajusta a la directiva comunicaría pero no cree que establece la opción de cobrar un cantidad por cada bolsa, un precio de 10 céntimos sea lo suficientemente disuasorio. Apunta que “si realmente queremos avanzar hacia una verdadera economía circular, deberíamos tener como objetivo eliminar el uso de las bolsas de plástico”. Recalcando que, en su opinión, “a prohibición, como ya se ha hecho en otros países, es la única herramienta ambiciosa y cuantificable que podría asegurar llegar al 2025 con cero bolsas de un solo uso”.
Además, alerta que quedan fuera de esta batalla las bolsas muy ligeras, las típicas para la fruta y otros alimentos a granel, que queda el Gobierno ha decidido excluir por “medidas de higiene” y que Greenpeace estima que “sin duda podrían reducirse con alternativas que son más respetuosas con el medio ambiente o directamente prescindir de ellas”. Haciendo notar que “las frutas ya vienen con su propia barrera higiénica. Se llama cáscara”, por lo que “no necesitamos meter un plátano, una naranja o una patata en una bolsa para que sea más higiénico”. Concluyendo que “nos cobren o no nos cobren por ellas, el mejor lema es “sin bolsa, gracias”.
En el mismo sentido se ha pronunciado Ecologistas en Acción que considera que la introducción de instrumentos económicos representa un paso disuasorio tímido y poco contundente con el abanico de medidas que se proponen dentro de la citada Directiva.
Para Ecologistas lo deseable sería “la introducción de otras medidas, como por ejemplo la restricción de la comercialización, propuesta en la propia Directiva, y como las incluidas en el Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015”, en la creencia de que “ se deben primar los aspectos normativos de prohibiciones del uso más que regular los aspectos económicos, siguiendo la estela de lo que se ha hecho en otros países comunitarios, como por ejemplo Francia, Italia, Gran Bretaña, Irlanda, y no comunitarios, como Marruecos, Cabo Verde, Kenia, Sudáfrica, etc”. Haciendo notar que “la eficacia de la introducción de elementos económicos, como cobrar por las bolsas de plástico, ya se ha demostrado como un elemento disuasorio limitado e insuficiente, por lo que seguir utilizándolos como única herramienta, aunque ahora ampliada a todos los comercios, es, a todas luces, una medida exigua”.
¿Tasa ambiental?
“Y en cualquier caso, según Ecologistas en Acción, habría que pensar si resulta más conveniente un cobro por parte de los comerciantes o un impuesto o introducción de una tasa ambiental abriendo posibilidades para invertir en proyectos de mejora ambiental, de manera que la recaudación sea gestionada por la administración competente y no por los distribuidores”.
Ecologistas sostiene que “la solución al problema mundial de la contaminación por plástico requiere transformaciones de mayor calado que tengan en cuenta cambios y planes estructurales” y facilita algunas propuestas que pueden incidir en ese cambio: “Adoptar medidas de gestión de residuos que tengan en cuenta el aumento de los años de garantía de los productos generados, la penalización al sobreenvasado, la promoción de la venta a granel y de los sistemas de reutilización de envases, o la eliminación total de las bolsas de un sólo uso independientemente de su material”.
