El compromiso de reubicación de refugiados procedentes de otros países europeos tiene un plazo acordado de dos años que termina a mediados de 2017. Existen dos consecuencias antagónicas cuando alguien repite constantemente un hecho. De tanta repetición perdemos el sentido de la excepcionalidad del mismo modo que la repetición evita que determinados asuntos pasen de lado.
Eso mismo puede que esté sucediendo con la cuestión de los refugiados en Europa. Una especie de bucle donde las imágenes dramáticas se encadenan entre la pasividad burocrática y política. Solo así se entiende que en año y medio el Gobierno ha acogido a 714 refugiados de los más de 16.000 comprometidos.
Todos los partidos del Parlamento han insistido al Ejecutivo para que tome medidas inmediatas para cumplir con el plazo, que indica que en dos años – finaliza este verano – debe reubicar y reasentar a 16.231 refugiados procedentes de otros países europeos. Especialmente Grecia e Italia.
De todos modos, España no es una excepción dentro de la pasividad europea. A 8 de febrero de 2017, y después de más de 9.000 muertos en el mar Mediterráneo en los últimos dos años, los estados miembro de la UE han acogido a 12.000 de los 160.000 refugiados que iba, supuestamente, a acoger.
Una cifra que casa con la que ACNUR lleva señalando varios meses: Los países denominados desarrollados tan solo acogen un 14% de los refugiados del mundo. De hecho, según esa organización, cada día son 34.000 las personas que son desplazadas de sus hogares.
Podemos exige urgencia
Unidos Podemos ha presentado este miércoles una moción en el Senado por la que insta al Gobierno a articular vías legales de entrada en la Unión Europea a las personas refugiadas y restablecer el asilo diplomático con acceso directo en todas las embajadas españolas.
La moción asegura que en los últimos dos años “hemos asistido en Europa a una de las crisis de derechos humanos y humanitaria más terribles de las últimas décadas. Es sin duda la mayor crisis humanitaria tras la II Guerra Mundial”. En ese sentido, la formación morada en la Cámara Alta denuncia que más de un millón de personas han llegado a las fronteras europeas “a través de un viaje dramático y peligroso a través de rutas inseguras, poniendo en riesgo su vida”.
Por esa razón, exige a la Comisión de Exteriores que articule “vías legales y seguras de entrada en España para favorecer la lucha efectiva contra redes de tráfico de personas y poner fin al drama humano”. En concreto, Podemos menciona la necesidad de restablecer la posibilidad de solicitar protección internacional en todas las embajadas y consulados españoles, tal y como recogía la legislación anterior.
