Anticorrupción pide cinco años de cárcel para Matas por financiar el PP balear con dinero público

Palma Arena

Anticorrupción pide cinco años de cárcel para Matas por financiar el PP balear con dinero público

Jaume Matas, expresidente de Baleares

El fiscal acusa a Matas de usar fondos públicas para beneficiar a la empresa encargada de las campañas electorales del PP en 2003 y 2007. La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de cinco años de prisión para el expresidente de Baleares Jaume Matas por financiar parte de los gastos electorales del Partido Popular balear entre 2003 y 2007 mediante la adjudicación de contratos públicos a las empresas que realizaban las campañas.  
 
El fiscal, según informa Europa Press, solicita para Matas cinco años de cárcel por un delito continuado de malversación de caudales públicos, y otros cinco para el exconseller de Interior, José María Rodríguez, dentro de la subpieza separada número 3 del caso Over, una pieza perteneciente al caso Palma Arena.
 
En el escrito de acusación se les acusa de utilizar fondos públicos con el objetivo de “beneficiar” a la entidad mercantil Over Marketing que fue la encargada de las campañas electorales del PP en los años 2003 y 2007.
 
Además de a Matas y a Rodríguez, los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Laura Pellón también solicitan la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial al propietario de Over Marketing, Daniel Horacio, a quien le pide un año de cárcel, y a María Luisa de Miguel Oñate, como cooperadora necesaria, a quien le pide también cinco años.
 
A nivel general, el caso Over, que constituye la pieza 27 del caso Palma Arena centra sus investigaciones en el supuesto de favor que habría recibido esta mercantil y en el hecho de que parte del dinero público que recibió la empresa habría acabado en manos del PP balear, por lo que se indaga si se produjo una financiación ilegal del partido.
 
Es más, fue en la sede de Over donde, en el marco de los registros llevados a cabo durante la operación policial del llamado caso Ibatur (en verano de 2010), donde los investigadores hallaron documentación que relacionaría algunas de las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo de Matas con parte de los hechos investigados en la trama Gürtel.

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