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El Gobierno de Cifuentes transfiere a dedo las unidades de emergencia social a Cruz Roja

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid
Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid
Cruz Roja se encargará de las unidades de emergencia social gracias a un convenio de la Comunidad de Madrid tras varios años sacando un concurso público para este servicio.
Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid
Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid
Las unidades de emergencia social de la Comunidad de Madrid vivirán el 1 de febrero un cambio de timón. La gestión de este servicio público encargado, entre otras cosas, de atender situaciones críticas como un desahucio o a víctimas de la violencia machista cambia de manos y de procedimiento de adjudicación. El Gobierno de Cristina Cifuentes ha decidido transferir estas competencias a Cruz Roja por medio de un convenio, a diferencia de un contrato público como se lleva haciendo en los últimos años.
 
Este 31 de enero finaliza el contrato que adjudicó la Consejería de Políticas Sociales  en 2014 a la empresa privada Grupo 5. Una licitación que la Comunidad de Madrid ha mantenido a golpe de prórrogas y que al acabar este primer mes de 2017 toca su punto final creando una serie de dudas sobre el devenir del servicio. Sin embargo, fuentes de la Consejería de Políticas Sociales manifiestan a ElBoletín.com que el trabajo no sólo será el mismo sino que se “mejorará”, aunque la partida presupuestaria será la misma que con el anterior contrato.
 
Respecto al cambio de procedimiento que ha tomado el Gobierno regional adjudicando un convenio negociado sin publicidad, estas mismas fuentes aseveran que “como indica la ley” cualquiera de las dos posibilidades son válidas y que se ha decidido dárselo a Cruz Roja por ofrecer mejores condiciones.  “Con el contrato que teníamos se tenía una unidad al día y otra durante otras horas. Y ahora serán tres. Cruz Roja va a poner otra unidad y media más”, aseguran desde el Ejecutivo popular.
 
Pero la preocupación reina entre los trabajadores que se encargan de esta labor. “Somos 18 trabajadores que el 1 de febrero nos vamos a ir a la calle, Cruz Roja no tiene obligación de acogernos”, lamenta a este medio Verónica Benito, una de estas profesionales que ve cómo el voluntariado de Cruz Roja pasará a la acción. No obstante, aunque aún no hay comunicación por parte de la Comunidad de Madrid, desde la administración regional declaran que “a los trabajadores se les va a contratar” sin tener que sufrir ninguna variación.
 
La realidad que narra Benito sitúa un servicio público que en los últimos años ha sufrido todo un terremoto: “Llevamos 12 años trabajando y siempre con recortes. Llegamos a ser 80 trabajadores. Antes íbamos tres personas en las unidades y ahora sólo dos”. De hecho, desde 2010, CCOO ha puesto el foco sobre las tijeras que pasó Esperanza Aguirre cuando recortó un 25% el presupuesto a estas unidades.
 
Varios años después, las críticas, esta vez desde Podemos, no han cesado ante la corta dotación presupuestaria. “El gobierno de Cristina Cifuentes se comprometió en su programa electoral a dotar de mayores recursos al ‘Samur Social’ pero sigue arrinconando este servicio de amplia demanda. Para hacerse una idea: sólo en el Ayuntamiento de Madrid hay nueve unidades de Samur”, afirma Raúl Camargo, diputado del Grupo Parlamentario Podemos en la Asamblea de Madrid.
 
La opacidad del convenio
 
Un nuevo convenio que ha firmado la Comunidad de Madrid y del que no se conoce más que las informaciones que salen desde la Consejería de Políticas Sociales. A pesar de ello, Cruz Roja ya ha publicado en su página web la convocatoria de plazas de voluntariado para ofrecer el servicio, aunque a las pocas horas de anunciarla han decidido restringir el acceso a toda persona “no autorizada”. Aun así, la versión en caché permite ver la “oferta de voluntariado” de la entidad.

Cruz Roja caché

 
El trabajo que realizará el voluntario consistirá en “guardias de ocho horas un día a la semana, en horario de mañana y de tarde todos los días de la semana” en el centro de Cruz Roja ubicado en El Plantío. En éste, “se atenderán llamadas de personas mayores suscritas al servicio de teleasistencia, se realizará una pequeña valoración telefónica y en el caso de que se detecte se realizará una visita al domicilio”.

Cruz Roja bloqueado

 
La situación de las unidades de emergencia social
 
Tres años de un contrato público que llega a su final donde el servicio ha ido a menos, tal y como relata Benito. “No damos abasto. Trabajamos con un yugo que te dice que tienes siete avisos y hay mañanas que sólo podemos hacer dos. Mientras, la Comunidad de Madrid te presiona diciéndote que vas lento…”. Y es que el escenario y los recortes en los contratos ofrecidos repercuten tanto en las condiciones laborales de los trabajadores como en los ciudadanos.
 
Uno de los casos que ponen de manifiesto esta deriva en el servicio es cuando una mujer víctima de la violencia machista “tiene que esperar entre siete y ocho horas para que la podamos atender al ser sólo una furgoneta por la mañana”, ejemplifica la trabajadora de Grupo 5, la cual vive una continua subrogación con cada nueva firma y que tiene que apreciar diferencias de hasta 200 euros en las nóminas en comparación con sus compañeros de Samur Social.
 
Otro de los ejemplos llegó con la crisis de refugiados sirios. Los pocos que han llegado a España también se han visto afectados por las deficiencias en este servicio. “Para la atención siria hay familias que han esperado hasta 10 horas en la estación de Méndez Álvaro para poder llevarles a un hostal”, cuenta Benito a ElBoletín.com. O cuando una persona sin hogar llama al 112 “por el frío” y las unidades de emergencia social entran en escena para ofrecerle una plaza, aunque la espera puede llegar a “dos o tres horas” por el desbordamiento.
 
La Comunidad de Madrid y la Cruz Roja
 
Este servicio caerá en manos de Cruz Roja. No obstante, no es la única labor que la Comunidad de Madrid ha facilitado a la entidad. Y es que desde hace varios años, la organización se encarga del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid, lo que le reporta  67 euros por cada bolsa de sangre que se haya recogido en la vía pública gracias a la solidaridad ciudadana y que se reparta entre los hospitales de la región. 
 
Una polémica que ha perseguido a este trabajo que realiza Cruz Roja en la región madrileña y que ha derivado incluso en la constitución de la Asociación de Empleados del Centro de Transfusión de Madrid para denunciar este “negocio”. “La Comunidad de Madrid nos dice que el 85% de esos 67 euros es para coste de personal. Algo que nos escandaliza, porque esos sueldos ya se estaban pagando antes. Es decir, nos dicen que están pagando dos veces por lo mismo”, aseguró hace unos meses Deli Edreira, portavoz de la plataforma.
 
Pero la respuesta desde la entidad siempre ha intentado ser contundente. “¿Por qué 67? Porque cuando se negocia el convenio se entiende que es el coste para financiar los costes […] En nuestro caso, más del 80% del coste se imputa a personal. Luego las bebidas y el alimento a los donantes…”, explicaron a ElBoletín.com desde Cruz Roja. Incluso se apuntar que las donaciones de sangre les llegan a suponer “un déficit económico”.

Marco González

Periodista o intento, por lo menos. Aprendiendo. Y todo con un mejunje en la cabeza, pero con el periodismo comprometido como pegamento de unión.

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